El Salvador, Honduras y Panamá son los primeros países que se declaran en contra de que se “regionalice” el pleito fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua por la construcción de una trocha en la margen tica del río San Juan.
Este martes el canciller hondureño, Arturo Corrales, declaró a la prensa local que su país “no hará de juez” en la disputa bilateral.
“En el caso de los amigos centroamericanos, yo no creo que ningún país deba de meterse; debemos apoyar a los dos para que busquen los mecanismos para encontrar la solución, uno de ellos es la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (...); no nos corresponde a nosotros hacer las veces de jueces”, manifestó Corrales al diario La Jornada.
Ese mismo día, su homólogo en El Salvador, Hugo Martínez, calificó a la agencia ACAN-EFE como “fundamental” el esfuerzo de integración centroamericana “continúe sin que asuntos bilaterales entre países de la región puedan afectar ”.
Estos son los resultados de una gira de dos semanas que realizó por Centroamérica el canciller tico, Enrique Castillo. En el viaje adversó la demanda que Nicaragua interpuso contra Costa Rica en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Ya el 2 de febrero anterior, Panamá había acusado a esa Corte de intentar “distorsionar su papel en la región”, tras acoger una demanda de Nicaragua por supuesto daño ambiental durante la construcción del camino rústico.
“Panamá se siente plenamente identificada con los planteamientos hechos por la República de Costa Rica puesto que tampoco reconoce la jurisdicción y competencias de la Corte Centroamericana de Justicia”, dijo el canciller panameño, Roberto Henríquez, a su par tico, Enrique Castillo.
Consultado anoche, Castillo interpretó que la demanda en la Corte regional podría continuar, e incluso anunciar medidas contra Costa Rica.
Sin embargo, alegó que la única forma en la que la Corte puede hacer valer sus resoluciones es elevándolas ante la reunión de presidentes del SICA.
Es ahí donde lo que resuelvan los jueces no tendría el apoyo de Panamá, El Salvador y Honduras, razonó Castillo.
“La Corte Centroamericana no tiene medios para hacer ejecutar sus propias decisiones”, manifestó el canciller.