Un grupo de magistrados rechazó votar a favor de la elevación del monto de la cesantía por temor a infringir la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El hecho se consigna en el acta N.° 13 de la Corte Plena, efectuada el 11 de mayo del 2011.
Uno de los que manifestó su preocupación fue Erick Gatgens Gómez (magistrado suplente), quien dijo que la discusión debió haberse planteado entre magistrados suplentes (no empleados de la Corte), pues era factible que se pensara que alguno se beneficiaría con lo que ahí se aprobara.
Otro suplente que se opuso, Carlos Manuel Estrada Navas, aseguró tener una serie de reservas sobre el tema. Uno de ellos era de dónde iba a salir la plata y el “otro es desde el punto de vista moral y legal”.
Estrada recordó que hubo problemas para integrar la Corte Plena, pues muchos magistrados titulares y suplentes se inhibieron dado que en algún momento recibirían el monto de la cesantía.
“Fui bastante vehemente en cuanto a que se elevara siempre que hubiera contenido económico, pero en cuanto a los magistrados, lo veía muy discutible”, dijo.
María del Rocío Carro Hernández, también suplente, dijo que se opuso porque se necesitaba un análisis financiero más profundo sobre el impacto de la medida.
Cumplieron ley. Zarella Villanueva Monge, magistrada titular quien presidió la sesión, dijo que ella se inhibió, pero que ante la necesidad de completar el cuórum y en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debió formar parte de la Corte Plena.
“Voté negativamente el rompimiento del tope, por criterios de oportunidad. He considerado que el tema debe ser analizado de manera general para todo el sector público, con la idea de otorgar un trato igualitario a funcionarias y funcionarios”, comentó.
Jesús Ramírez Quirós (magistrado titular) dijo que hubo discusión sobre la posibilidad de infringir la ley contra la corrupción.
“La mayoría consideramos que no hay roce alguno en fijar políticas salariales en la institución, de parte de los jerarcas. Además, ha sido avalado por la Sala Constitucional” , comentó.
Orlando Aguirre Gómez recuerda haber advertido sobre el impedimento que podrían tener los magistrados con derecho jubilatorio. “De no haber sido por mandato legal no habría intervenido. Esa fue mi voluntad desde el principio, pero se me impidió la separación” , manifestó.
Anabelle León Feoli afirmó que es afiliada a la Asociación Solidarista del Poder Judicial desde agosto del 2003, donde cuenta con el derecho que se reconoció y que el acuerdo adoptado, bajo ninguna circunstancia la favorece.
José Manuel Arroyo dijo que asistió a la sesión por no haber suficientes suplentes y que el punto sobre si había o no recursos se aclaró al acordarse que se aprobaba la reforma para años futuros.