Es mentira que mi persona defienda a seis acusados por pesca ilegal. El concepto de “pesca ilegal” que utilizó tan honorable y prestigioso diario en el artículo que se ha referido incorrectamente a mi persona, ha sido totalmente inapropiado. Pesca ilegal es un delito. Y las personas que defiendo son pescadores que han sido llevados a un proceso penal en forma injustificada, porque no han cometido ningún delito.
La violación al artículo 149 de la ley de pesca, por no usar correctamente el dispositivo del DET, es una infracción administrativa que solamente algunos cabeza dura, quieren darle un trato procesal como delito. Esa es mi teoría del caso.
Más seriedad.Es una lástima que se eche a andar un proceso penal punitivo muy costoso para todos los costarricenses, para que un tribunal penal, que tiene mucho más cosas importantes que hacer, en un juicio oral y público, decida si un dispositivo excluidor de tortugas está siendo utilizado correctamente o no. Señores periodistas, sean más serios y menos maldosos.
Es deplorable que para adornar el asunto, pone el periódico una foto de un tiburón y un comentario fuera del tema sobre un trasiego de aletas de tiburón, que no tiene nada que ver con el contenido del artículo. Eso es “mala leche”, como dicen los españoles.
Por otro lado, tampoco es noble utilizar en el título del artículo en forma maliciosa el de “directivo de Incopesca defiende a seis acusados de pesca ilegal” únicamente, sin indicar como adjetivo de que soy el representante en la junta directiva del Incopesca de las Asociaciones de Pescadores y Acuicultores de la Provincia de Puntarenas, como contrapeso de la parte gubernamental en dicha cuerpo colegiado, y que fui nombrado en dicha Junta para defender los intereses y promover el desarrollo de la pesca sustentable, como también lo que esas asociaciones y sus agremiados representan.
Tal manipulación de la información, induce a la opinión pública a pensar en forma equivocada, en contra de mi honorabilidad. Además, no tengo prohibición ni se me paga por dedicación exclusiva. Espero que el señor Gilbert Calderón, procurador de la ética, indique claramente en su informe de qué se me acusa y quién fue el que me denunció temerariamente por algo que no debo. Más aún, cuando no es ético ni constitucionalmente aceptable, que se haya ordenado una investigación secreta desde el 9 de noviembre del 2011, de la cual ni siquiera tuve conocimiento ni tuve el derecho de defenderme. ¿Será que estamos volviendo a los tiempos de Torquemada o de la Santa Inquisición ?
Me pregunto entonces: si a Albino Vargas lo nombran como representante de los sindicatos en junta directiva de la CCSS, ¿le será prohibido y reprochable defender los intereses de los sindicatos? Es obvio que no. ¿Le será prohibido defender a los sindicalistas? Menos.
Falsa denuncia. El caso que se me reprocha es por defender a pescadores como profesional en leyes en los tribunales de justicia, donde ni siquiera el Incopesca es parte, como tampoco lo ha sido en los 4 años en que ha estado activado el proceso. Es falso que los “imputados” se exponen a una multa de ¢21 millones; en ese sentido falta a la verdad el señor Heiner Méndez, pretendiendo hacer más grave la situación, solamente porque discrepamos radicalmente en la calificación de la norma y la conducta que se reprocha. Él dice que es delito y yo digo que no lo es, aunque ello lo decidirá un juez penal.
Tal y como se dice en el artículo, la conducta que se reprocha es una infracción que data desde setiembre del año 2009, o sea, dos años antes de que se me nombrara como representante de los pescadores y acuicultores en la junta directiva del Incopesca, yo ya era el abogado defensor de los seis pescadores.
Yo sé que dentro de la institución existe un grupo de funcionarios con algunas cuotas de poder, a los que se les llama en el argot popular como el grupo de los G8, que nos les agrada para nada que esta nueva junta directiva del Incopesca, en un poco más de un año de funcionar, haya llegado a poner orden y a corregir muchas de sus malas costumbres, que tienen postrado al sector pesquero y a la institución al borde del caos.
A ellos les digo que no es poniendo falsas y estériles denuncias en mi contra que van a impedir que mi persona o mis compañeros de junta cumplamos nuestra meta de rescatar al Incopesca de su dominio y poder proyectarlo como un instrumento de desarrollo sustentable para el sector pesquero y acuícola, tal y como debe ser según su naturaleza jurídica y objetivo.
El Incopesca no es un organización policiaca, ni tampoco es únicamente un ente controlador de la pesca y caza de especies marinas, como erróneamente piensan algunos representantes de ese oscuro grupo.
El Incopesca es ciertamente mucho más que eso; es la esperanza de todos los pescadores y acuicultores.
Y yo defiendo a los pescadores desde cualquier trinchera.
Álvaro Moreno Gómez. Representante, Asociaciones de Pescadores y Acuicultores de la Provincia de Puntarenas, junta directiva del Incopesca