La aceptación de la demanda contra Costa Rica por la construcción de un camino paralelo al río San Juan es, en sí misma, prueba de los justos cuestionamientos que pesan sobre la Corte Centroamericana de Justicia. El Congreso costarricense jamás ratificó el estatuto previsto en el Protocolo de Tegucigalpa, a cuyo tenor la Corte se instaló en Managua. En consecuencia, Costa Rica nunca aceptó la jurisdicción de la Corte, y los magistrados centroamericanos lo saben.
Ninguno de los 110 casos resueltos en la historia del organismo contó con Costa Rica como litigante. Entre los magistrados no figura un solo costarricense y no lo ha habido jamás. En el sitio de la Corte en Internet, si bien se consigna la firma del Estatuto por todos los Estados centroamericanos en Panamá, el 10 de diciembre de 1992, también se advierte que el instrumento “ha sido ratificado por cuatro Estados: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua”.
Los magistrados centroamericanos harían bien en consultar su página informativa antes de adjudicarse la jurisdicción sobre una Costa Rica que nunca la ha aceptado y, más bien, se ha visto obligada a soportar críticas por su rechazo a la integración política regional.
Las últimas resoluciones de la Corte ratifican la sabiduría de nuestra resistencia, pero no eran necesarias para dejarla bien establecida. Basta un repaso de la integración de la Corte, conformada por dos magistrados de cada nación, designados por las respectivas cortes supremas de justicia.
En consecuencia, hay dos plazas para los magistrados de un país donde, hace menos de tres años, los militares ejecutaron un golpe de Estado con la bendición de la Corte Suprema de Justicia. La asonada se hizo al amparo de una disposición constitucional claramente ilegítima por su contraposición con el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión.
Otras dos plazas son para los representantes de una nación aficionada al fraude electoral, donde la Corte Suprema de Justicia se integra según los lineamientos de un pacto fraguado entre el presidente y un exmandatario, líder de importantes sectores de la “oposición”. Producto de ese sistema, los jueces son partidarios de uno u otro bando. No hace mucho, los magistrados oficialistas despejaron el camino del presidente a la reelección aprovechando una sesión donde no estuvieron presentes sus contrarios.
Hay dos espacios para juristas nombrados por la Corte Suprema de un tercer país, hoy gobernado por un “general de la paz”, donde las Naciones Unidas establecieron una misión especial para combatir la impunidad, es decir, para asegurar en alguna precaria medida el cumplimiento de la ley allí donde las autoridades nombradas al efecto no consiguen hacerlo.
Existe, todavía, campo para alojar a dos altos jueces de uno de los países más pequeños del continente, un ejemplo para los demás de esfuerzo en procura del asentamiento de las instituciones democráticas, pero todavía distante de consolidarlas, en especial en el ámbito del Poder Judicial. Es un país donde la Iglesia católica dijo esperar que la Corte Suprema de Justicia resuelva, “sin presiones y apegada a derecho”, la posible extradición de militares acusados en España por el asesinato de seis jesuitas en 1989.
Nuestra Cancillería, con excelente criterio, anunció el firme propósito de ignorar los balbuceos de la Corte regional en el caso de la vía paralela al San Juan y se negó a conceder permiso para la inspección de la zona por parte de los magistrados centroamericanos. Los altos jueces, enfundados en chalecos salvavidas, hicieron el recorrido en lancha, sobre las aguas soberanas de Nicaragua. Los escoltaban tropas del país vecino y una embarcación repleta de periodistas nicaraguenses, ávidos de informar sobre lo que, a ojos costarricenses, parecía un día de campo. Ni siquiera en ese recorrido supieron los magistrados guardar las formas.