El alto tránsito y la amplitud de las carreteras que las circundan elevan el riesgo de accidentes para los estudiantes de 80 escuelas de todo el territorio.
Estos centros figuran en una lista que elaboró la Policía de Tránsito para establecer sus prioridades de vigilancia para el curso lectivo que se iniciará el 8 de febrero.
Con ese objetivo, 180 oficiales tendrán a cargo labores de vigilancia y regulación en esas zonas, informó César Quirós, director de ese cuerpo policial.
La misión fundamental es “facilitar el paso seguro de estudiantes, maestros y padres tanto al ingreso como a la salida”, dijo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en un comunicado.
Entre las escuela prioritarias están Antonio José de Sucre, en La Uruca, San José; así como la Guatemala, en Alajuela, o la Laboratorio, en Liberia, Guanacaste.
Para el resto de centros educativos, Tránsito aseguró que hará controles ocasionales y operativos para verificar que el transporte de estudiantes circule con los permisos debidos.
Además, vigilarán que los padres no sobrecarguen vehículos, en especial motocicletas y bicicletas.
Rocío Solís, jefa de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, dijo que también ellos fijaron algunas de atención prioritaria, por lo que van a compararlas con la que tiene Tránsito.
“Cada inicio de clases coordinamos con la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para que velen por la seguridad de de los niños y jóvenes en las zonas donde existe mayor afluencia de vehículos”, dijo.
El 8 de febrero volverán a las aulas cerca de 960. 000 estudiantes de 5.170 centros educativos.
Plan de cámaras. Con el listado de escuelas, el Consejo de Seguridad Vial también podrá determinar aquellas donde operará la vigilancia con ayuda de cámaras.
La intención es garantizar que los conductores respeten el límite de velocidad en esas vías, que es de 25 kilómetros por hora.
Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, adelantó que la escogencia de esas instituciones se realizará la próxima semana, pues deben asegurar ciertas condiciones de infraestructura para el funcionamiento del plan.
La idea es que las cámaras detecten al infractor y envíen la foto a dispositivos en poder de los oficiales, quienes estarán ubicados a cierta distancia para detener el vehículo y hacer el parte al chofer.
La multa por irrespetar estos límites es de ¢5.000, según un fallo reciente de la Sala Constitucional.
“Lo más importante es que las personas tengan claro que en las cercanías de las escuelas existe una ley que regula disminuir la velocidad. Es una cuestión de conciencia para proteger al tesoro más preciado: los niños y los jóvenes”, consideró Rocío Solís.