Un directivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) es el abogado defensor de seis tripulantes de un barco camaronero, acusados de infringir la ley de pesca.
Se trata de Álvaro Moreno Gómez, quien ocupa el cargo de vicepresidente de esa institución.
Gilberth Calderón, procurador de la Ética, confirmó ayer que la entidad recibió una denuncia sobre esa situación el 9 de noviembre del año pasado.
“Abrimos una investigación en la que entrevistamos a algunas personas, recabamos documentos y llegamos a la conclusión de que efectivamente, este señor podría estar actuando en conflicto de intereses entre el ejercicio de su profesión y su cargo como miembro de la junta directiva”, aseveró el jerarca.
Calderón señaló que, además, podría existir una violación a la prohibición que estipula la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito para los funcionarios públicos.
“Él ocupa, además, el cargo de vicepresidente de la junta directiva, quien sustituye al presidente cuando no está. Entonces, cuando se da esa situación encontramos una eventual violación a la prohibición”, explicó Calderón.
La Procuraduría de la Ética comunicó al Consejo de Gobierno la información recopilada para que este determine si se debe o no aplicar sanciones al directivo.
Por su parte, Moreno sostuvo que no cree que exista conflicto de intereses.
“Yo estoy en la junta representando a las asociaciones de pescadores y acuicultores de Puntarenas. Me pagan una dieta por asistir, pero yo no tengo prohibición para ejercer mi profesión. Además, Incopesca no es el acusador, es la Fiscalía, por lo que no estoy luchando contra un abogado de Incopesca”, alegó Moreno.
Agregó que en las ocasiones en que ocupa el cargo de presidente ejecutivo no ejerce como abogado.
Mientras, Luis Dobles, presidente ejecutivo del Incopesca, manifestó que no se abrirá un proceso administrativo contra Moreno. “Legalmente, no es lo que nos corresponde. Nosotros respetaremos la valoración de la Procuraduría (de la Ética) y de las demás instancias”, expresó.
Los imputados fueron detenidos en el 2009 porque, supuestamente, no utilizaron correctamente el Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET), como lo establece el artículo 149 de la ley de pesca.
El debate del juicio estaba previsto para que iniciara hoy. Sin embargo, fue suspendido ante la petición de una de las partes.
Infracción. Los seis pescadores imputados fueron detenidos por el Servicio Nacional de Guardacostas el 1.° de setiembre del 2009 en Puntarenas.
Ellos navegaban en una embarcación camaronera conocida como Capitán Bonilla y fueron capturados porque, aparentemente, no emplearon correctamente el DET.
Heiner Méndez, abogado representante del Incopesca, añadió que ese tipo de instrumento se utiliza en pesca de arrastre para impedir que las tortugas también queden atrapadas en la red.
“La legislación costarricense ya incorporó dentro del ordenamiento la protección de las especies. Según la ley, los imputados se exponen a una pena de hasta ¢21 millones”, señaló Méndez.
El Incopesca es una de las partes llamadas a pronunciarse en este proceso penal.
La institución se creó en 1994, con el objetivo de controlar la pesca y la caza de especies marinas en aguas jurisdiccionales.