El proyecto de Ley denominado “Ley Reguladora de Bebidas Alcohólicas” nos llenó de esperanza en un primer momento pues a todos los costarricenses nos resulta obvio que la Ley de Licores actual es un instrumento ya obsoleto para regular un tema tan delicado y complejo como lo es la comercialización e ingesta de bebidas alcohólicas, en un país donde el consumo desmesurado de licor ha causado tanto daño a las personas, a las familias y a la sociedad en general.
En un tema como el que los legisladores abordan en este proyecto de ley siempre debe quedar claro que el norte de un proyecto de ley debe ser el bien común, la salud pública, el bienestar de las personas, sobre todo la protección de las familias costarricenses, en especial de las personas menores de edad o personas con alguna discapacidad.
Estos principios deben ser los ejes transversales de cualquier regulación en temas como el de consumo de alcohol, tabaco u otras drogas; nunca pueden tomarse estas actividades de comercialización como un simple generador de ingresos para el Estado o los municipios, ni como una actividad que redunde en el beneficio de los comerciantes en general.
Los intereses particulares, nunca serán los criterios que orienten una ley de interés general como la que nos ocupa. En este proyecto de ley, reconocemos como positivo el que no se permita la venta o presencia de menores en lugares en que se comercialice las bebidas alcohólicas y que se prohíba la venta de estas bebidas en la vía pública, o en recintos religiosos o deportivos, pero estos elementos no son suficientes.
En este sentido, causa angustia y asombro el hecho de que la ley no establezca criterios objetivos y oportunos, con el fin de que el Concejo Municipal fije el número de licencias de comercialización para las bebidas alcohólicas en su jurisdicción, abriéndose el camino para que dichas licencias sean otorgadas en forma antojadiza y sin criterios técnicos, con el peligro latente de que estas licencias sean usadas como botín político.
Doble moral. Asimismo, se ve con sorpresa el régimen tan amplio de horario de operación de estos locales; desde las once de la mañana hasta la media noche entre semana y hasta las 2:30 de la mañana en viernes y sábado, o lo que es lo mismo los viernes las cantinas estarán abiertas trece horas y el sábado (madrugada, día y noche) durante 18 horas. Este horario es del todo escandaloso en un país con altos índices de alcoholismo y que presenta una política de dureza con los choferes ebrios. ¿No es un síntoma de doble moral?
El bien común está por encima de los intereses particulares de los comerciantes; sin embargo, con estos horarios vespertinos y de fin de semana, se expone a las familias costarricenses que acuden a escenarios deportivos o a sus templos a vivir el triste espectáculo de personas degradadas por el alcohol.
Lucha contra adicciones. El deber de la sociedad es empeñarse en la recuperación de estas personas pues no son capaces de hacerlo por ellas mismas. Nuestra sociedad necesita contar con una política estatal de recuperación de las personas alcohólicas (tema ausente en esta Ley), y con recursos para prevenir el mal del acoholismo y alejar a nuestra juventud de estas prácticas. Aspectos que están totalmente ausentes de este proyecto de ley.
Es por lo anterior que, como Pastor Arquidiocesano, me siento en la obligación moral de compartir estas reflexiones sobre un tema tan importante para nuestra nación y, en especial, para sectores tan vulnerables como son las personas menores de edad y los enfermos alcohólicos, particularmente cuando sabemos que la tendencia mundial es disminuir los espacios de venta de alcohol y no incrementarlos como se está haciendo.
Respetuosamente, solicito a los señores diputados identificar estos y otros elementos que son mejorables en este proyecto de ley. Costa Rica les quedará siempre agradecida.
Defender la familia y proteger a los jóvenes del peligro de las adicciones, es trabajar por un futuro mejor para todos.