El editorial de LaNación del pasado martes 24 de enero, titulado “Tribulaciones de la Alianza”, afirmó que “el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y el Frente Amplio condicionan su permanencia en la alianza opositora a la aprobación de un puñado de proyectos de ley”.
Lo anterior, a raíz de que ambas fracciones, efectivamente, anunciamos el condicionamiento de nuestros votos para que la Alianza hegemonice el próximo Directorio Legislativo, a que se permita la votación de tres proyectos: la reforma constitucional que garantice el acceso al agua como un derecho humano y un bien público; la “Ley general de control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud”; y la “Ley de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos”.
En nuestro “Manifiesto por el Agua y la Salud”, establecimos claramente que el propósito de nuestra acción es que los partidos que integran la Alianza Por Costa Rica “asuman por escrito el compromiso de no obstruir y permitir la votación en primer debate de varios proyectos legislativos”.
Permitir la votación. Es, claro, pues, que en ningún momento condicionamos nuestro voto a la aprobación de tales proyectos. Es decir, que ni siquiera estamos pidiendo a nuestros aliados dar su apoyo para estas iniciativas de ley, sino simplemente que permitan su votación; que no obstruyan la posibilidad de que el Plenario Legislativo exprese su voluntad sobre ellos.
Particularmente en el caso del Frente Amplio, la lucha por garantizar plenamente el acceso al agua mediante una reforma constitucional es uno de los principales compromisos que adquirí con el electorado cuando me postulé para una diputación.
Esta propuesta de reforma, que busca impedir cualquier forma de privatización o de restricción del acceso al agua para la población costarricense, tiene diez años de estar en la corriente legislativa sin que hasta el momento se haya podido votar, a pesar de que cuenta con un importante consenso político para su aprobación.
En el 2010 suscribimos los acuerdos que originaron la Alianza con el objetivo de constituir un directorio legislativo multipartidista que frenase la concentración de poder del partido oficialista y permitiese conformar un Parlamento más plural, participativo e independiente.
Un año después, reafirmamos nuestro compromiso con estos objetivos, pero también creemos que, “para tener viabilidad a largo plazo, la Alianza debe avanzar hacia acuerdos programáticos básicos sobre temas esenciales para el país, como la protección constitucional del agua, la defensa de la salud de nuestra población y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Como mínimo, deberían cumplirse los compromisos adquiridos de permitir una votación en un plazo razonable. En el caso del agua, la tardanza de diez años es más que suficiente.”
Entendemos el deseo de los partidos y sectores de opinión pública tradicionales de que la Alianza por Costa Rica fracase.
Sin embargo, ese no es el caso del Frente Amplio. Por el contrario, nuestro propósito es reorientar esta fuerza parlamentaria y fortalecerla con el fin de que, mediante su accionar en la Asamblea Legislativa, logre convocar el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía, superando la desconfianza generada por acciones políticas equívocas, como las negociaciones nada transparentes con el PLN alrededor del paquete fiscal.
Pero esto solo será posible si la Alianza tiene la capacidad de retomar un camino de concertación en torno a proyectos que en verdad defiendan los intereses de las mayorías nacionales y que respondan a necesidades sentidas de nuestro pueblo.