La Sala IV definirá la legalidad de la reducción de distancia entre bares y escuelas que promueve la nueva ley de licores.
Los magistrados tienen un mes para resolver la consulta que forma parte de las objeciones al plan Ley para Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, aprobado por el Congreso el 16 de enero.
El proyecto elimina la norma actual, que prohíbe la operación de bares y otros comercios que venden licor a menos de 400 metros de escuelas, colegios o centros médicos.
El plan, aprobado en primer debate, establece que esa distancia debe ser de 200 metros. Los congresistas también cuestionaron que el proyecto de ley elimine el tope de un permiso para vender licor por cada 300 habitantes, dejando en los municipios el poder de determinar cuántos permisos para vender licor puede emitir.
Además, consideran que el plan podría atentar contra el artículo 50 de la Constitución Política, que señala la responsabilidad del Estado de garantizar “un ambiente sano”.
También sostienen que la última versión del proyecto no se consultó a las municipalidades ni al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
El proyecto se discutió en el plenario legislativo con el expediente 17.410, pero se podrá votar en segundo hasta que los magistrados resuelvan la consulta legislativa.
La propuesta pretende eliminar el mercado negro de patentes de licor, que representa un negocio para los tenedores de estos permisos, pues las pueden alquilar y vender sin problema al precio que dicte el mercado. Así lo permite la ley vigente desde 1936.
De estas ventas y alquileres los gobiernos locales perciben sumas calificadas como ridículas por la diputada de Acción Ciudadana (PAC) Yolanda Acuña, impulsora de la nueva ley.
La propuesta cuenta con el apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que representa a los municipios, la cual promueve su pronta aprobación.