La Corte Suprema de Justicia impulsa una reforma legal para reducir los gastos por sustitución de personal y suprimir los permisos para que los funcionarios den clases durante la jornada laboral.
El plan propone que las salas, los tribunales colegiados y el Consejo Superior puedan sesionar con menos miembros. Así, no tendrían que llamar a magistrados y otros juzgadores para suplir a los que se ausenten.
Según el Poder Judicial, hoy se tramitan “gran cantidad de peticiones de sustitución” por licencias, enfermedad, permisos y vacaciones elevando el gasto en ese rubro. Este año ya se bajó la partida en ¢3.196 millones. Pasó ¢10.263 millones a ¢7.063 millones.
Ante la escasez de recursos, justifica la Corte, estas medidas permitirán cumplir las normas constitucionales de la materia y no paralizar el servicio público.
Asimismo, el plan propone eliminar el privilegio que le permite a los funcionarios judiciales impartir clases en horas laborales.
“Esta norma resulta moralmente incorrecta en momentos en que existe una gran demanda de servicios judiciales que requieren la totalidad del tiempo laboral del recurso humano”, dice la exposición de motivos del proyecto.
El presupuesto del Poder Judicial para este año quedó en ¢292.834 millones, luego de un obligado recorte de ¢1.457 millones debido a la crisis fiscal.
Sustitutos. La iniciativa del presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, avalada por otros magistrados, propone cambios a cinco de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir el número de integrantes requeridos para que los tribunales y otros órganos funcionen.
Los tribunales colegiados (con tres miembros) podrán reunirse con dos de sus integrantes, siempre que el asunto se resuelva por unanimidad y no sea audiencia.
Entretanto, las salas integradas por cinco juristas podrán tomar decisiones con al menos tres; la resolución debe ser unánime.
Para asuntos jurisdiccionales, la sesión de Corte Plena puede ser con 15 magistrados y el Consejo Superior podrá sesionar con tres.
En clases. El Poder Judicial cuenta con 10.382 trabajadores fijos y se desconoce cuántos dan clases.
Para el magistrado Rolando Vega, hay abusos. Sus compañeros Luis Paulino Mora y Julia Varela sumaron otras preocupaciones.
“En este momento son bastantes las audiencias que no se realizan, dado que uno o dos de los miembros de los tribunales tienen que ir a dar lecciones en las universidades”, dijo Mora en setiembre.
Varela, entretanto, advirtió que de no aplicar correctivos se van a ver “bastantes descuidos” en la labor de los jueces.
Rolando Vega pidió incluir en la reforma un recordatorio sobre la prohibición de prestar servicios distintos de la docencia como asesorías y consultorías.
A estas medidas se une el plan para eliminar el pago de 40% del sueldo a quienes se incapaciten por enfermedad. Esto generaría ahorros por ¢2.750 millones al año.