El Gobierno intenta desligarse del escándalo sobre el dudoso mecanismo de cheques usado por el PLN para transferir dinero a sus comités cantonales en las elecciones del 2010, con base en contratos de supuestos alquileres de vehículos.
La presidenta Laura Chinchilla y su ministro de Ambiente, el exjefe de campaña René Castro, unificaron ayer el mensaje: el partido tuvo reglas éticas estrictas sobre sus finanzas y, si alguien violó esas normas o cometió errores, deberá rendir cuentas por ello.
Luego de evitar consultas de la prensa sobre el asunto durante esta semana, Chinchilla envió ayer un comunicado para referirse a las revelaciones sobre el financiamiento de la campaña que la llevó a la silla presidencial.
“Si hay personas que hubieren actuado en disonancia con los procedimientos establecidos en la campaña, deberán brindar las explicaciones correspondientes y rendir cuentas ante las autoridades competentes”, dijo.
El exjefe de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) también respondió ayer preguntas sobre el escándalo, luego de que la semana pasada estuvo fuera del país.
“La unidad territorial tenía autonomía; juventud y sectores profesionales también, y nosotros nos encargábamos de vigilar los contratos, los comprobantes, los recibos y la auditoría externa lo hacía doblemente. Habrá que hacer una individualización de errores o trasgresiones, y creo que hará muy bien el partido cuando revise eso con detalle”, dijo Castro.
Así lo hizo luego de que Alex Sibaja, uno de los coordinadores de asuntos territoriales de la campaña, declaró que los comités cantonales de la campaña podían destinar el dinero de los alquileres de vehículos a otros fines, como la compra de palos para banderas.
Según Sibaja, los arrendamientos estaban fundamentados en contratos de apoyo político, lo que no se compara con el servicio de una empresa de alquiler de autos.
Numerosos cheques fueron cambiados por dirigentes de campaña en lugar de los proveedores de los autos, además de que algunos de los beneficiarios afirman haber recibido menos de ¢30.000 en lugar de los ¢500.000 que se establecen en los documentos.
Jorge Wálter Bolaños, extesorero de la campaña, insistió ayer en que, junto con los encargados de asuntos territoriales, definió un presupuesto para alquiler de vehículos y locales en cada cantón.
“La responsabilidad sobre lo que hicieron los beneficiarios con esos cheques ya no es parte de mi trabajo”, dijo el actual representante de Costa Rica ante el BCIE.