La Contraloría General de la República dio luz verde ayer a un nuevo plan de fideicomiso para financiar la construcción de un complejo de edificios para el Congreso.
El fideicomiso lo tramita la administración del Congreso con el Banco de Costa Rica (BCR) y según el presidente legislativo, Juan Carlos Mendoza, tendría un tope cercano a los $75 millones.
Sin embargo, el nuevo proyecto aún tiene preguntas por responder, pues no hay claridad sobre el monto total de la obra.
Mendoza explicó que aún no hay planos para un nuevo inmueble en vista de que el concurso para la construcción quedará en manos del BCR, asesorado por el Colegio Federado de Ingenieros.
Lo que está claro, según el presidente legislativo, es que, de prosperar el plan, la Asamblea Legislativa pagaría un arrendamiento por 25 años, con opción de compra al final de este plazo.
¿Cuáles el plan? El proyecto plantea la construcción de nuevos edificios en terrenos propios del Congreso, entre ellos una torre con oficinas para los 57 diputados al costado oeste del actual edificio central.
Además, implica la remodelación de edificios patrimoniales como la actual sede de la presidencia legislativa: el Castillo Azul, y la Casa Rosada, que es el edificio donde se ubican las oficinas del Movimiento Libertario.
A esto se suma la construcción de un nuevo plenario legislativo en los terrenos donde actualmente está el deteriorado edificio del antiguo colegio Sión.
Para ello, el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, debe tramitar la expropiación de cinco propiedades aledañas a la Asamblea.
Para ello el Congreso ya giró al Poder Judicial ¢1.500 millones, destinados al pago de las propiedades.
Este es el segundo fideicomiso que avala la Contraloría en menos de cinco años.
El anterior lleva la firma de Francisco Antonio Pacheco por parte del Congreso. Sin embargo, la negociación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) quedó descartada cuando la oposición tomó el control legislativo en mayo del 2011.
Con el nuevo plan, los actuales diputados esperan poner fin a la necesidad de un edificio legislativo, arrastrada por 63 años.
Mientras tanto, los diputados, personal y visitantes seguirán dándole vida a un complejo legislativo sobre el cual pesa orden de desalojo del Ministerio de Salud.