San José (Redacción). La Defensoría de los Habitantes abrió una investigación de oficio para evaluar las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en relación a las pacientes con implantes PIP, con el fin de "velar por la garantía del derecho a salud".
La entidad ya envió las notificaciones al Mnisterio de Salud y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en las que les otorga un plazo de cinco días para que brinden un informe sobre diferentes asuntos en torno a las cuestionadas prótesis Poly Implant Prosthese (PIP).
A la Caja, por ejemplo, la Defensoría le pidió detallar el protocolo de atención para las pacientes con PIP, así como si las mujeres están recibiendo o recibirán ayuda psicológica tras el proceso de extracción o cambio del implante.
En total, la Defensoría pidió a la Caja referirse a ocho puntos, entre los que también está la definición de la posición institucional respecto a los PIP.
Al Ministerio de Salud se le solicitó, de manera especial, qué medidas de coordinación se han realizado con hospitales y clínicas privadas para la atención de las pacientes.
Precisamente, hoy La Nación dio a conocer el caso de una mujer con un implante PIP roto que no ha logrado que la atiendan en el Caja ni en el sector privado.
Días atrás Salud informó de que la empresa Biocare Medical vendió 1.506 implantes PIP a cirujanos y centros particulares. En la Caja se sabe, por el momento, que hubo colocación de poco menos de 200 prótesis.
De acuerdo con las informaciones internacionales, los PIP estaría hechos de silicona industrial y no médica, así como membranas de baja calidad que propician su ruptura.