El banco Citi deberá pagar ¢1 millón por daño moral a un ciudadano que acusó a la división Citi Tarjetas de Costa Rica S.A. por acoso telefónico al ofrecerle insistentemente servicios de esta índole.
El fallo fue emitido anteayer por el Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía, en un caso que presentó el ciudadano Juan Sebastián Elizondo Morales, en octubre del 2009.
Así lo detalló ayer el abogado del demandante, Alberto Castillo.
La resolución del juzgado establece en relación con el perjuicio al demandante: “Su tranquilidad fue vulnerada por medio del seguimiento constante para presionarlo a consumir productos y servicios financieros. Una modalidad de intensificar los ofrecimientos, para que tomara alguno por cansancio, prácticamente”.
Espera. En tanto, el banco Citi declinó ayer referirse al asunto, luego de no contestar consultas telefónicas y pedir que se realizaran mediante correo electrónico. La entidad dejó entrever en una corta respuesta que tomará acciones.
“Citi no acostumbra hacer comentarios sobre procesos legales en curso. Sin embargo, sí podemos indicar que estamos revisando el caso con nuestros asesores legales, a fin de establecer las acciones correspondientes. Nuestra prioridad es ofrecer un servicio de excelencia a nuestros clientes y estamos constantemente enfocados en mejorar nuestros procesos y la experiencia de nuestros clientes”, detalló la respuesta, enviada por medio de la gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas, Lisandra Chaves.
Gerardo Corrales, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), explicó que ese tipo de resoluciones se han convertido en un fenómeno a escala mundial.
Llamó a que cada entidad, con las mejores prácticas individuales, minimice este tipo de cosas.
Corrales recordó que la Ley de Telecomunicaciones contiene ya, con toda la apertura del mercado, una alternativa donde la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tiene la facultad de abordar al que está llamando y pedirle que administre o que elimine del todo ese tipo de llamadas insistentes, ante la denuncia de un cliente.
Adelantó que la ABC y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) elaboran un manual acerca de este tema, para la autorregulación de las entidades.
El abogado Castillo, por su parte, resaltó la valentía de su cliente Elizondo al enfrentarse a un banco y confiar en la legislación.
Agregó que es un fallo muy relevante por el precedente que establece. Recordó que muchos ciudadanos se quejan por este tipo de acoso, pero no presentan denuncias por temor al poder de las entidades o por desconfianza en la ley.
Ahora, afirmó, queda un camino abierto en ese sentido.
Castillo explicó que también apelará el fallo pues pidieron ¢6 millones de indemnización.