Con estupor escuchamos las declaraciones de la presidenta Laura Chinchilla, en el marco de un discurso oficial en una actividad sobre la red de cuido, donde afirmó que el gran drama de la humanidad radica en que se están dejando de “generar” niños y niñas, con el argumento de que eso es lo más importante para sostener y darle continuidad al desarrollo. A modo de ejercicio, le instamos a la señora Presidenta revisar la lista de los países con las mayores tasas de natalidad: Níger, Uganda, Mali, Zambia, Burkina Faso, Etiopía, Angola, Somalia, Burundi y Malawi. Si sabemos que estos países distan muchísimo de asegurar las necesidades básicas de la población y, en particular, de la niñez y la adolescencia, nos cuestionamos entonces sobre el tipo de desarrollo al que hacía referencia con esas aseveraciones.
La Presidenta ahondó en el tema diciendo que había que “desarrollar” niños y niñas porque “no hay familias cuando no hay niños y niñas”. En estricto sentido, las familias que no tengan entre sus miembros a personas menores de edad ¿no podrían ser consideradas familias? Y si no lo tomamos de modo literal, ¿se refería la Presidenta entonces a las parejas que no tienen hijos e hijas?
Modelos diversos. Desde un enfoque de derechos, los modelos de familia son muchos y muy diversos, y no todos incluyen niñas y niños; pero, apegándose al que parece ser el concepto de familia de la Presidenta, resulta contradictorio constatar que ni el Estado costarricense ni ella como su representante se habrían demorado, como lo han hecho, en cumplir las recomendaciones de dos instancias cuyos criterios son vinculantes jurídicamente, como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Ambos han sido contundentes en indicar la necesidad y obligación de levantar la prohibición sobre la práctica de la fertilización in vitro pues dicha prohibición violenta el derecho humano a constituir una familia de las personas con dificultades reproductivas. A pesar de esto, seguimos siendo el único país en Latinoamérica en el cual esta técnica no es permitida.
La falta de tacto y de sensibilidad que Laura Chinchilla demostró dejan de ser relevantes cuando consideramos que estas declaraciones no las hizo en su calidad de ciudadana costarricense, sino en su calidad de presidenta de la República de Costa Rica. Lo mínimo que se podría esperar de alguien en este cargo es el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción.
Maternidad libre y voluntaria. Estas aseveraciones, además de deslegitimar a los distintos tipos de familia que hoy día se conforman, ubican a las mujeres en un rol de “fábricas”, “generadoras” de niños y niñas, desconociendo su derecho a vivir la maternidad como una opción libre y voluntaria, y no como una imposición.
¿Será, doña Laura, que aquellas mujeres que no puedan concebir, aquellas que postergan la maternidad o aquellas que no quieran serlo del todo, somos “malas ciudadanas”? ¿O solo seremos tachadas de irresponsables por no colaborar con el desarrollo del país, al no cumplir con el mandato social y ahora presidencial de maternidades a un mínimo de tasa de reemplazo?
Al respecto, quizás si el Gobierno se ocupara más de generar condiciones favorables a la maternidad como un proyecto social compartido (que va más allá de tener guarderías), la Presidenta tendría que preocuparse menos por el envejecimiento de la población costarricense.
Por esta razón, le instamos a la presidenta Chinchilla a reflexionar sobre las causas de la disminución de las tasas de natalidad y su relación intima con la transformación que hace nuestra sociedad de un tema que, ciertamente, es colectivo, pero cuya responsabilidad es evidentemente trasladada de forma exclusiva a las mujeres.
Más allá de las interpretaciones que se le puedan dar a sus declaraciones, la falta está en que estas son una clara contradicción entre la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos y la postura del Gobierno sobre las políticas públicas en materia de bienestar social, salud, sexualidad y educación.
Con este tipo de discursos, lo que nos indica es que el Gobierno está condicionando la atención de poblaciones prioritarias en función de la capacidad reproductiva, y, por consiguiente, instamos a la Presidenta a clarificar cuál es su visión de gobierno frente a los derechos humanos de las mujeres y exigimos, en nuestra calidad de ciudadanas costarricenses, una retractación acorde con el marco jurídico nacional e internacional sobre derechos humanos.