La Ley 8.839 para la Gestión Integral de los Residuos, promulgada en junio del 2010 y que en su momento fue promovida como la mejor opción para el cuido del ambiente, se quedó en el papel.
Al menos así lo deja ver la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de diciembre pasado sobre el estado de ejecución de dicha legislación.
Los hallazgos del ente contralor no fueron optimistas: por ejemplo, se estableció que, aunque el Ministerio de Salud cuenta con un plan y una política para el manejo de residuos, “estos no se encuentran vinculados con el Plan Estratégico Institucional 2011-2015, ni este con el plan y presupuesto” de dicha cartera.
A la lista de carencias se suma que tampoco está consolidado el Fondo para la Gestión Integral de Residuos, pues ni siquiera se ha procedido a la apertura de la cuenta especial en la Caja Única del Estado para recaudar los recursos.
De hecho, una de las formas para financiar la Ley son las multas por daño ambiental tras eventuales procesos en el Tribunal Ambiental Administrativo.
Ese era uno de los primeros mandatos de la Ley 8.839 y debía estar listo en octubre del 2010.
Otra queja de la CGR es que tampoco está listo el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Residuos, el cual debería tener el listado de gestores de residuos autorizados y que “debió operar a más tardar el 13 de abril del 2011”.
El informe de la Contraloría contiene los plazos para enmendar las carencias. Así, los reglamentos técnicos deben estar listos a finales de febrero, en marzo se deben publicar los indicadores de cumplimiento, y las cuentas bancarias para la Ley deben estar conformadas antes del 15 de febrero, entre otros.