El país debe estar agradecido con el diputado Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional, por su clarísima demostración de las falencias del proceso legislativo. El legislador discrepa de sus colegas sobre el tratamiento dispensado en la ley de tránsito a los conductores ebrios, adopta una posición de cero tolerancia y amenaza con impedir la aprobación de la ley mientras no se satisfaga su soberana voluntad.
La amenaza de uno entre 57 equivaldría a la proverbial funda vacía si no fuera por el desproporcionado poder de cuasiveto otorgado, en la práctica, por el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Avendaño anuncia la presentación de mil mociones para modificar el proyecto de ley. No se trata de preocupaciones legítimas ni él pretende que lo sean. Con bastante franqueza, trasluce la única intención de entorpecer el proceso legislativo mientras la ley no satisfaga su aspiración de más rigor frente al consumo de alcohol.
En eso radica su fuerza. Solitario en la posición de cero tolerancia y carente de sustento técnico para defenderla, Avendaño moderó su discurso para sumar fuerzas con un par de libertarios y el Partido Accesibilidad sin Exclusión. Ahora enfoca las baterías contra la rebaja en las multas por conducción bajo los efectos del alcohol.
La disminución de la multa es de ¢90.000, para fijarla en ¢270.000. El propósito es evitar un fallo de la Sala Constitucional que deje la sanción sin efecto por falta de proporcionalidad, como tantas veces ha ocurrido con multas de idéntica severidad. La última de esas sentencias declaró inconstitucional la sanción por conducir con exceso de velocidad. En consecuencia, las autoridades de Tránsito solo disponen del ridículo castigo establecido en la ley anterior: ¢5.000.
Avendaño no escucha esas razones y promete combatir la ley, pese a la urgencia de aprobarla luego de la sucesión de fallos de la Sala IV contra las multas desproporcionadas. Su desacuerdo con el tratamiento dispensado a una conducta riesgosa deja al país inerme frente a otras de igual peligrosidad.
Es injusto señalar al diputado Avendaño como usuario único de los mecanismos obstruccionistas dispuestos en el reglamento. Otras fracciones han hecho lo mismo, entre ellas la del Movimiento Libertario, acreedora de reconocimiento como la más experimentada en la materia.
El caso destaca por tratarse de un solo diputado, decidido a imponer su criterio por encima de las recomendaciones técnicas y obligado a mostrar algún grado de moderación para atraer el apoyo de un puñado de colegas. Destaca, también, por la importancia de la materia y las fatales consecuencias de mantener al país en las condiciones vigentes.
La alianza opositora, amén de la promesa hueca de celebrar foros de discusión sobre temas nacionales, hizo un solo ofrecimiento concreto. En breve plazo, la Asamblea Legislativa dirigida por los opositores reformaría el reglamento para agilizar los trámites. Hasta la fecha, es una promesa incumplida. Además, algunos integrantes de la unión opositora se han visto obligados a expresar pronósticos poco esperanzadores sobre su concreción.
Las condiciones propicias para el estancamiento legislativo más bien se consolidaron bajo la dirección de la alianza, ahora que el Congreso ni siquiera dispone del recurso de la vía rápida, cuestionado ante la Sala IV por el diputado Luis Fishman, uno de los artífices del bloque opositor y, en su momento, crítico del reglamento y partícipe de la promesa de reforma.
El diputado Avendaño demuestra, una vez más, la urgencia de modificar el reglamento, cuyos excesos en el afán de proteger a las minorías les ha entregado el gobierno del país o, cuando menos, la posibilidad de impedir que sea gobernado según la voluntad mayoritaria.