Madrid (AP). Con la voz rota por una afonía, pero vehemente y desafiante en algunas respuestas, el juez español Baltasar Garzón negó el martes malpraxis durante su investigación de un caso de corrupción, en el primero de los dos juicios que se siguen contra él y que han puesto en jaque su carrera.
El hombre que puso contra las cuerdas al exdictador chileno Augusto Pinochet, se sentó ahora en el banquillo los acusados para ser juzgado por siete magistrados del Tribunal Supremo, al que llegó caminando entre aplausos y gritos de apoyo de medio centenar de simpatizantes.
Garzón está acusado del delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) por su rol en el llamado caso G rtel, que destapó una trama corrupta en la administración pública que salpicó a las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideran damnificados por Garzón, solicita hasta 17 años de inhabilitación para ejercer como magistrado por ordenar en el 2009 la grabación de conversaciones telefónicas entre varios acusados encarcelados por el caso G rtel y sus letrados.
La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.
“Es evidente que la interpretación que yo adopto es que se pueden autorizar las intervenciones con autoridad judicial y no solo en casos de terrorismo”, dijo Garzón en su testimonio.
En el interrogatorio de más de dos horas, Garzón señaló que las comunicaciones se intervinieron para prevenir la actividad delictiva de los implicados y que jamás se lesionó su derecho de defensa, tal y como sostiene la acusación.
El juez hoy acusado tomó las decisiones que tomó en aras a la investigación que se estaba haciendo, afirmó. Se garantizó el secreto y la confidencialidad.
“Quisimos proteger el derecho de defensa y creo que se hizo”, añadió.
Precisamente, el abogado defensor de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, consiguió en la primera parte de la vista que el Tribunal aceptase escuchar, probablemente a puerta cerrada, parte de esas conversaciones intervenidas para demostrar la pertinencia de las mismas.
Garzón no rehuyó pregunta alguna durante el interrogatorio e hizo gala de buena memoria para justificar paso por paso las decisiones que tomó en aquella investigación.
Una afonía provocada por un proceso gripal le forzó a interrumpir el uso de la palabra en alguna ocasión para beber agua. Aunque en la sesión de la mañana había lucido la toga de juez, se vio obligado a despojarse de ella para dar su testimonio como acusado.
“Bien, todo bien”, dijo Garzón sobre su estado de ánimo a preguntas de The Associated Press antes de comenzar el juicio, que se prolongará durante tres o cuatro días.
Garzón, de 56 años, investigó violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina.
Hasta sus suspensión temporal en mayo de 2010, estuvo 22 años al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, desde el que también instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).
En el contexto de crímenes contra la humanidad, intentó abrir en 2008 una investigación sobre la desaparición sistemática de personas del bando perdedor republicano durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Francisco Franco (1939-1975).
El proceso, que tuvo que abandonar, le costó otra imputación por prevaricación y otro juicio, que está previsto comience el próximo martes 24 de enero.
De hecho, la mayoría de personas que se concentraron en apoyo del juez en los exteriores del Tribunal Supremo, un bello palacete del siglo XVIII en el centro de Madrid, pertenecían a asociaciones de vÍctimas del franquismo.
“Creo que Garzón es un defensor de las libertades y la democracia”, afirmó Gregorio Núñez, de 70 años, nieto de un fusilado por las tropas de Franco en 1939.
“Tratar de esclarecer cosas que están ocultas me parece que es justísimo. En todo el mundo, se están preguntando qué es lo que está pasando con este juez”, consideró Albino Calvo, de 75 años, quien portaba una pancarta en la que se podía leer “España al revés, corruptos y fascistas juzgan al juez”.
A pesar de su prestigio internacional, Garzón es una figura muy controvertida en España por sus investigaciones y despierta por igual simpatía y enemistad.
Tanto la causa G rtel como la del franquismo parten de dos denuncias de acusación popular, aceptadas por el Supremo en contra del criterio de la Fiscalía.
Algo poco habitual en el sistema judicial español y menos cuando esas denuncias van dirigidas contra un juez. En la última década, solo dos magistrados han sido condenados por prevaricación.