Un fallo de la Sala Constitucional de enero del 2010 tiene en jaque el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, tras eliminar el monto máximo que reciben sus beneficiarios al retirarse.
La situación fue dada a conocer, el pasado 5 de diciembre, por el superintendente de Pensiones, Édgar Robles Cordero, durante una sesión de la Corte Plena.
Robles se refirió allí a un fallo en el que los magistrados, con cinco votos a favor y dos en contra, declararon inconstitucional una norma que imponía a las pensiones del Poder Judicial un tope equivalente al salario de un diputado (actualmente ¢2,8 millones).
La eliminación de dicho tope facilitó, por ejemplo, al exjuez de casación penal Luis Alberto Víquez Arias, casi triplicar su pensión tras fungir como magistrado suplente durante siete meses en la Sala Tercera.
Víquez se retiró en mayo pasado a los 55 años de edad con una pensión de ¢6,1 millones. Como juez de casación devengaba un salario de ¢2,3 millones mensuales.
El superintendente Robles dijo que el costo de eliminar el tope le significó al Fondo ¢25 millones (por pagos retroactivos), pero que a futuro no se puede estimar el impacto, porque pueden surgir casos similares al de Víquez.
Precisamente, en un informe entregado por el Poder Judicial a La Nación, se reveló que varios exmagistrados reciben pensiones superiores a los ¢5 millones. En total, hay 22 pensionados con montos para arriba de ¢4,5 millones.
Otros factores. Durante su exposición en la Corte Plena, Édgar Robles señaló que el Fondo también es afectado por la revalorización de la pensión que acompaña al exempleado, quien tras dejar el cargo y luego de cinco años puede llegar a devengar el 100% del salario que tenía y no el 80%, porcentaje con el cual se aprobó el retiro.
Además, hizo ver que el personal judicial se pensiona con el promedio de los últimos 12 salarios cuando en el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se promedian los salarios de los últimos 20 años de servicio.
Otro factor que influye negativamente en el Fondo –según la Supen– es que personas que “vienen de otros sectores del Estado” y después de 10 años de laborar en el Poder Judicial se pueden pensionar “con solo trasladar cuotas que generalmente son de la Caja (cotiza un 8% y en el Poder Judicial un 21%). Eso crea un hueco en el fondo pues el beneficiado va a recibir una pensión para la cual no cotizó”.
El superintendente advirtió que, en caso de no efectuar las correcciones del caso, existe la posibilidad de que el régimen se convierta en insostenible en un plazo menor a 30 años y que deba pasar a cargo del presupuesto del Estado.
Agregó que, según el último estudio actuarial realizado en el 2009, el déficit del fondo es de ¢182.019.
Alfredo Jones León, director ejecutivo del Poder Judicial, cuestionó en la misma sesión de Corte varios aspectos del informe de la Supen, pero dijo que se han tratado de subsanar las deficiencias.
“Se ha venido tomando decisiones, quizás no las más fuertes, pero sí se han tomado”, afirmó.
Jones dijo que el Consejo Superior acordó, en octubre del 2010, recomendar a la Corte Plena subir en un 1% la cotización, pedir un ajuste en la fórmula de cálculo de las jubilaciones a los últimos cinco años y que el reconocimiento de años servidos en otras entidades del Estado se haga a valor presente.
Sin embargo, señaló que los gremios se opusieron a las propuestas hasta tanto no se cuente con un nuevo estudio actuarial.
En ese sentido, comentó que, con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se adjudicó un nuevo estudio que se espera esté listo el próximo mes.