El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó anoche, a las 8:38 p. m., un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $132 millones para financiar la ampliación de cárceles en el país.
Con el voto afirmativo de 47 diputados y el rechazado de dos libertarios, el crédito quedó listo para recibir su segunda y última votación legislativa, programada para el próximo jueves.
Del monto total, $22 millones serán destinados a fortalecer el Ministerio de Seguridad y los $110 millones restantes se girarán al Ministerio de Justicia para mejoras en los centros carcelarios y programas de prevención.
El dinero se utilizará en la construcción de 2.700 espacios nuevos en cárceles que están en funcionamiento, explicó el jerarca de Justicia, Hernando París.
El ministro señaló que las primeras contrataciones para obras, luego de los procesos que exige el marco legal del país, se formalizarían en enero del 2013.
En cuanto a los recursos para Seguridad Pública, el ministro Mario Zamora afirmó que, en un principio, los recursos se iban a destinar a la construcción de la Academia Nacional de Policía, pero que dicha obra será donada por el Gobierno chino.
En vista de ello, el dinero se utilizará en la mejora de la infraestructura de la Fuerza Pública, cuyas sedes tienen órdenes de cierre sanitario o con severos daños.
Las condiciones. La diputada Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC), explicó que el crédito del BID es por 25 años y prevé un plazo de cinco años de gracia para que el Gobierno empiece a pagar.
Los pagos se harán cada semestre con un interés igual a la tasa de inglesa de referencia en el mercado, conocida como tasa Libor.
En cuanto a la entrega de los recursos, el empréstito establece que se realizará en cinco desembolsos anuales: un primer giro de $8 millones; el segundo por $44 millones y un tercero por $59 millones. Luego, se girarán $15 millones y el último desembolso será por $6 millones.
La aprobación del crédito se vio en peligro anoche cuando el diputado Wálter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó seis mociones que paralizaban la votación.
Una reunión con el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, en la que también participaron los ministros París y Zamora, permitió que el legislador socialcristiano retirara las mociones y dejara aprobar el plan.
Céspedes adujo que consiguió un compromiso de transparencia en la ejecución de los recursos.