La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) incumple con sus funciones como ente promotor de los derechos que tienen los aborígenes del país.
Así lo advierte un informe de la Contraloría General de la República (CGR) divulgado ayer, sobre las debilidades en la gestión y el control interno de la Comisión.
Según el documento, la falta de acciones concretas por parte de la Conai contribuye a que el Estado no tenga una política pública en materia indígena.
Este compromiso lo adquirió el país en 1992 al firmar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Asimismo, el ente contralor señala que la Conai carece de una planificación estratégica, por lo que los objetivos y la visión institucionales son poco claras y cambian con cada junta directiva.
“Los referidos conceptos no tienen continuidad en el tiempo y eso provoca que la Conai no tenga claridad en su orientación y no se estén cumpliendo a cabalidad los objetivos planteados en su ley de creación”, dice el texto.
En cuanto las finanzas, el informe de la CGR señala que el presupuesto de la Comisión es insuficiente y que, además, existen importantes debilidades en el control interno y contable.
Víctor Hernández, director ejecutivo del Conai desde setiembre, reconoció las “deficiencias de las anteriores administraciones” y aseguró que la nueva junta directiva hace un gran esfuerzo por cambiar el rumbo de la institución.
“La política tiene que estar antes de setiembre. Es una ventaja que las instituciones asuman compromisos serios y que sus presupuestos reconozcan ese compromiso”, dijo Hernández.
No obstante, el jerarca resaltó que el presupuesto del Conai es un obstáculo para el cumplimiento de las labores que tiene asignadas por ley.
Para buscar más fondos, la Conai solicitará el apoyo del ministerio de Bienestar Social y Familia y tramita una reunión con la presidenta Laura Chinchilla.