Con resultados poco alentadores y ante una ausencia de compromisos concretos e inmediatos –y en muchos casos legalmente vinculantes– de reducción de emisiones, concluyó la reunión de Durban sobre cambio climático. Mientras un futuro instrumento en la materia que comprendería países desarrollados y en desarrollo no estaría en vigencia e implementado hasta el 2020, el nuevo período de compromiso del Protocolo de Kioto (cuyas metas de reducción por país aún están por determinarse) ya ha recibido un claro mensaje: la salida de Canadá del Protocolo.
Otras decisiones relacionadas con el Fondo Verde y la Transferencia de Tecnología han sido importantes, pero, en su conjunto, parecen insuficientes ante los escenarios del cambio del clima. En este contexto, cobra mayor relevancia la nueva Cumbre de Desarrollo Sostenible (por realizarse en Río de Janeiro en junio del 2012), conocida como “ Río+20” precisamente por coincidir con los veinte años de la Cumbre de la Tierra, celebrada en dicha ciudad brasileña.
A diferencia de su antecesora, no se espera que concluya con ningún acuerdo jurídicamente vinculante aunque el contenido preciso de los resultados de la Conferencia (probablemente una declaración política y un plan de acción u hoja de ruta) no son del todo predecibles. Lo que resulta ampliamente conocido son los dos ejes temáticos de la reunión internacional: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza y la estructura institucional para el desarrollo sostenible.
El primero de estos (la economía verde) ha sido impulsada fuertemente como iniciativa por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente y ha adquirido reconocimiento a nivel internacional, no sin estar exento de críticas y preocupaciones, entre ellas el posible surgimiento nuevas formas de proteccionismo comercial “ ecológico”.
A pesar de las dificultades para su adecuada conceptualización, promover un modelo económico sostenible que incluye, pero no se limita, a economías bajas en carbono y a procesos productivos consistentes con el respeto y protección ambiental, resulta imprescindible. Se reconoce que existen oportunidades interesantes en sectores de interés, especialmente relacionados con el uso sostenible de la gran biodiversidad que poseemos.
Tensiones. No obstante, a pesar de la creciente aceptación de la imperiosa necesidad de cambios en la forma de producción y consumo hacia patrones más sostenibles, simultáneamente el sistema de comercio internacional ha visto emerger en años recientes una serie de casos y conflictos de diferente naturaleza.
Entre ellos valga citar brevemente los siguientes:
En primer lugar, Japón ha solicitado la creación de un panel de árbitros, cuestionando ciertos incentivos y subsidios que son otorgados, en este caso por autoridades locales (la provincia canadiense de Ontario), a los generadores de energía limpia como una forma de apoyar estas actividades. Se trataría del primer caso relacionado con cambio climático que llegaría a ser resuelto por esta organización, la cual deberá responder si este tipo de apoyos (dependiendo de la forma como se estructuren) podrían ser considerados como subsidios a la luz de los principios del libre comercio y poner en desventaja a competidores internacionales. Asimismo, China y Estados Unidos se encuentran ante una posible controversia por algunos de los esquemas de apoyo estadounidenses a la energía limpia y por las exportaciones chinas de paneles solares.
Igualmente, cabe mencionar una situación que involucra el sector de la aviación y el establecimiento de mecanismos de control de sus emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Europea ha decidido mediante una disposición legal unilateral, someter los vuelos que ingresan o salen de Europa a su “sistema de comercio de emisiones”, lo que requeriría de eventualmente el pago de un monto por las emisiones.
A partir del 2012, las aerolíneas deberán realizar pagos sobre los excesos en las emisiones concedidas (basadas en las emisiones históricas y asignadas de manera gratuita), lo cual, en caso de incrementos en el nivel de transporte en los próximos años, conllevaría un desembolso por los excesos en las cuotas o derechos de emisión originalmente asignadas. Diversas aerolíneas han considerado ilegal y contrario al derecho internacional el posible cobro, llegando incluso a presentar una acción ante el Tribunal de Justicia de la UE. El informe del abogado general de la Corte ha respaldado la legalidad de la iniciativa (de conformidad con el derecho europeo e internacional) y en un porcentaje cercano al 90 % el Tribunal ha fallado siguiendo la posición del abogado general, lo que hace presumir que es factible que el sistema sea considerado jurídicamente adecuado por este órgano.
Para complicar aún más esta disputa, debe indicarse la posible aprobación por el Senado de Estados Unidos de legislación que haría ilegal a las empresas de dicho país participar en el esquema de comercio de emisiones europeo ( y por ende del posible cobro adicional), generando una compleja paradoja legal. Sin duda aún falta mucho camino por recorrer para afianzar y aclarar concepto de “economía verde”, aunque muchas oportunidades – si tenemos políticas e inversión científica en nuestra biodiversidad– se abren para un país como el nuestro.