La compañía estadounidense Mallon Oil demandó al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo para exigir la firma de un contrato que le permitiría explotar petróleo y gas natural, por 20 años, en las llanuras de la zona norte.
La empresa acudió a dicho estrado luego de que, en agosto, el Poder Ejecutivo firmó un decreto que posterga para el 2014 el trámite de cualquier permiso para la extracción de petróleo en el país.
En setiembre, ante un recurso similar de Mallon, la Sala IV había resuelto que el reclamo de la compañía debía resolverse en un juicio contencioso administrativo.
Este lunes, el Tribunal le notificó al Poder Ejecutivo que Mallon interpuso la demanda.
El juez tramitador, Daniel Aguilar Méndez, le otorgó 15 días al Ejecutivo para decidir si atiende la exigencia de la compañía o el asunto se resuelve en un proceso judicial.
En un desayuno con periodistas, la mandataria Laura Chinchilla reiteró ayer que no firmará el contrato, por lo que el Estado irá a juicio con la petrolera.
“Estamos sosteniendo nuestra posición de que los estudios (de Mallon) no están completos, son estudios que solo justifican la fase de prospección, son estudios de escritorio. Ya para ir a la fase de exploración en el campo, se requieren estudios adicionales”, dijo Chinchilla.
“Será, en consecuencia, inevitable el juicio pues al no cambiar nuestra posición, ellos seguirán caminando en la dirección de utilizar el contencioso”, agregó.
Pedro Oller, representante de Mallon en Costa Rica, dijo que la empresa está preparada para ir a juicio e, incluso, pretende cobrar por daños.
En el recurso que presentó ante la Sala IV, la firma alegó que el Gobierno viola los principios constitucionales de licitación pública, libertad de empresa, derechos patrimoniales adquiridos, justicia administrativa pronta y cumplida, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Mallon ganó en el año 2000 un concurso del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) para explorar en San Carlos, Sarapiquí y Pococí.
Sin embargo, el contrato no fue firmado debido a que grupos ambientalistas presentaron recursos legales contra el estudio preliminar de impacto ambiental, el cual se limitaba a la recopilación de datos sobre la geología de la zona.
El año pasado, la Sala IV declaró sin lugar un amparo contra el estudio preliminar, con lo que Mallon vio el camino despejado para pedir la firma de la concesión.
Sin embargo, el Minaet le pidió a la empresa precisar los sitios en los cuales iniciarían la exploración y el Gobierno declaró la moratoria.