La Sala Constitucional se tomará de un año a un año y medio para emitir un fallo sobre la acción de inconstitucionalidad que impide a los diputados votar, en segundo y último debate, el plan fiscal.
Así lo informó ayer a La Nación la presidenta del alto tribunal, Ana Virginia Calzada.
La acción de inconstitucionalidad la planteó el 12 de octubre el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Fishman, contra el proceso de trámite rápido que se aplica al plan fiscal negociado por el Gobierno y el PAC.
Los magistrados acogieron para estudio la acción el 15 de diciembre tras una cerrada decisión de cuatro a favor y tres en contra.
Todo comenzó el 27 de setiembre, cuando los diputados aprobaron ese procedimiento especial, sustentados en el artículo 208 bis del Reglamento legislativo.
Según Fishman, el proceso de vía rápida es contrario al principio democrático, pues impide a los diputados el derecho de enmienda y de participación para opinar.
Mientras la Sala IV no se pronuncie sobre la gestión de Fishman, la reforma tributaria puede seguir discutiéndose y hasta ser aprobada en primer debate, pero nada más, lo cual va en contra del interés del Gobierno de que sea aprobada pronto para recaudar ¢400.000 millones más por año.
Calzada no descarta que los magistrados puedan tramitar antes de 12 o 18 meses la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, dijo que el reloj apenas empieza a caminar.
“En algunas acciones hemos tomado resoluciones más prontas midiendo el impacto de una eventual inconstitucionalidad. Esto lo medirá el tribunal cuando el expediente esté completo”, agregó.
No obstante, Calzada explicó que están pendientes trámites de publicación de edictos que no se han redactado, y la llegada de un informe de la Procuraduría de la República que apenas está en trámite, lo cual deja para fecha incierta la votación definitiva del plan fiscal.
Viraje. Históricamente, la Sala había votado en contra de estudiar acciones contra el trámite abreviado para un proyecto de ley mediante la aplicación del artículo 208 bis del Reglamento legislativo, como lo fue en el caso del plan fiscal.
Sin embargo, un cambio en la integración de la Sala marcó una historia diferente en este caso.
Fishman cuestionó que el magistrado Luis Paulino Mora Mora revisara la constitucionalidad de la vía rápida, pues el hijo de este, Luis Paulino Mora Lizano, le había ayudado a redactar la acción que cuestionaba el trámite del plan.
Como resultado, Mora Mora fue sustituido por la magistrada Roxana Salazar, quien inclinó la balanza a favor de acoger la acción.
El plan de impuestos del Gobierno supone la creación de medidas para generar recursos que sostengan el aparato gubernamental.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, dijo que no hay un plan B y que la apuesta es al plan fiscal. “ Es poco responsable hablar de planes B'”.