Costa Rica necesita remediar su situación fiscal para garantizar el bienestar, la prosperidad y la buena convivencia social. Necesitamos de un Estado vigoroso que administre eficientemente los tributos, procurando el mayor bienestar a sus habitantes, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, tal como lo establece nuestra Constitución Política, de manera que los derechos básicos de las personas no se conviertan en privilegios exclusivos de quienes los pueden pagar.
Por eso creo en una reforma fiscal que contemple contribuciones proporcionales a los ingresos, en la que todos los impuestos se cobren y administren correctamente, que controle y castigue la evasión, que obligue a la planificación y eficiencia del gasto; y que procure que la distribución de la riqueza se dé –ojalá– desde el mismo momento en que es generada, por ejemplo mediante la promoción de la economía social y solidaria. Esta reforma debería eliminar las vergonzosas exenciones fiscales a los grandes capitales y asegurar que las inversiones extranjeras se encadenen de forma sustentable con la producción local.
Proyecto regresivo.Sin embargo, Costa Rica continúa a la espera de dicha reforma. El proyecto en corriente legislativa no solo es regresivo, porque el 70% de la recaudación vendría del IVA que no diferencia la condición económica de quien lo paga (algo que golpea más fuerte a quienes menos tienen), sino que ha sido tramitado a través de vías plagadas de vicios de procedimiento y falta de sentido común.
Es preocupante que el ministro de Hacienda indicara que la reforma impulsada por el PLN y el ottonismo era insuficiente y de difícil recaudación, con lo cual, aunque esta sea aprobada, la próxima administración tendría que verse en el mismo problema fiscal.
De lo que se quiso presentar como propuesta solidaria y progresista, solo queda el eslogan, dadas las concesiones facilitadas por el Poder Ejecutivo a grupos económicamente poderosos que se inquietan ante la mínima posibilidad de alteración de su confort fiscal.
Por eso, esta propuesta enfrenta oposición de sectores muy distintos, por razones muy distintas también: quienes han acumulado sin límite no quieren dejar de hacerlo; quienes ya tienen el agua al cuello no quieren terminar de ahogarse.
La historia enseña que las leyes de trascendencia nacional requieren discutirse con calma, sin lesionar confianzas, en estricto apego a los procedimientos y con atención permanente a lo que ocurre más acá de Zapote y Cuesta de Moras.
Este proyecto galopa gracias a la aplicación de un mecanismo legislativo que acalla a la disidencia e impone la aritmética de los votos sobre los derechos de las minorías. El presidente de la Asamblea Legislativa intentó valientemente enmendar errores de ese procedimiento mediante una resolución frustrada por el ottonismo legislativo y el PLN, grupos que no ven, no escuchan ni sienten el reclamo de la gente.
Diversos sectores sociales y varios diputados y diputadas han venido denunciando también con enorme claridad las debilidades de fondo del proyecto, así como los límites impuestos a los derechos de enmienda y expresión. Al día de hoy, es claro que esta no es la reforma que requiere ni merece nuestro país.
Esta “negociación” en curso repite el pésimo manejo político del ‘combo’ ICE. La indignación y frustración social empiezan a articularse y a generar condiciones de fractura como las que se propiciaron en ese momento. Al igual que hace doce años, hoy tampoco siento en el Gobierno la sagacidad política suficiente para evitar una ruptura social nutrida por la acumulación de descontento, la sensación de irrespeto a la institucionalidad y el desinterés por preservar lo que aún queda del Estado social de derecho.
Válvula de escape.Afortunadamente, la Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad contra el procedimiento 208 bis y ofrece un aire para que los actores involucrados en este proceso reconsideren posiciones.
Seguir con esta discusión en la misma línea de las últimas semanas nos embarcaría en un ciclo de conflictividad social cuyas vías de resolución son muy débiles e inciertas.
Urge que se reabran espacios de diálogo para la búsqueda de acuerdos nacionales sólidos y democráticos, que abonen en la vía del respeto mutuo entre el gobierno y la sociedad, en el tema fiscal y en otros que siguen abiertos.
Así lo entendemos quienes estamos conscientes de la necesidad de aumentar los ingresos y regular los gastos del país, pero nunca estaremos de acuerdo en que se abuse de quienes menos tienen y se brinden más privilegios a los sectores más favorecidos por el modelo económico. A las malas mañas y las aplanadoras en la política siempre nos opondremos.