Cuatro noticias relacionadas con el gasto público, difundidas en días recientes, llaman poderosamente la atención: el presupuesto del Gobierno subió más del doble de la producción, los servidores públicos perciben una remuneración equivalente al doble de la de los empleados privados, el país cerrará el año con el mayor déficit fiscal de América Latina y el gasto público desafía el crecimiento en el 2012. ¿Cuándo y cómo dejamos de ser racionales en el manejo de la política presupuestaria? La situación es preocupante.
La primera noticia se refiere a la evolución presupuestaria en los últimos seis años. El presupuesto ordinario sometido a la Asamblea Legislativa creció más del doble de la expansión del producto interno bruto (PIB) en ese período. Según las cifras reportadas, el gasto del Gobierno central y los demás poderes de la República subieron un 60%, mientras que el PIB apenas creció un 25%. Esto demuestra una clara e insostenible tendencia expansiva que no se corresponde con la suerte de los ingresos ordinarios para hacerle frente, sobre todo después del agotamiento del ciclo expansivo y el advenimiento de la crisis financiera mundial. En el 2009, el presupuesto de gastos se excedió, particularmente en la planilla, pero las cifras proyectadas para el 2012 también reflejan un marcado aumento.
Es cierto que la mayoría del incremento se registró en rubros importantes, como educación y seguridad, pero también se nota una fuerte expansión de la deuda pública acumulada, rubro muy preocupante por la absorción de los ingresos fiscales destinados al servicio de la deuda, por lo que queda relativamente poco para atender otras necesidades. También se nota la significativa expansión de las transferencias a las universidades entre el 2008 y el 2011, que prácticamente se duplicó. ¿Cómo se explica ese aumento tan desproporcionado en un período tan corto? ¿Dónde estaban las autoridades fiscales que no supieron racionalizar el gasto? ¿En qué gastan las universidades sus recursos y dónde está la respectiva rendición de cuentas?
La segunda noticia preocupante es que los servidores del sector público perciben una remuneración promedio equivalente al doble de la del sector privado. Cierto es que en la planilla del sector público se registra (comparativamente) un mayor número de profesionales ubicados en las escalas salariales más elevadas, pero también han trascendido los jugosos aumentos efectuados a un buen número de servidores, particularmente en los períodos preelectorales, con el agravante de que los incrementos se efectúan a rajatabla, con un sinnúmero de pluses y beneficios, sin considerar las bondades de los servicios prestados ni, mucho menos, la productividad individual de los trabajadores. Hay ahí una grave falencia de los políticos y administradores.
Todos estos factores han incidido en el crecimiento del déficit fiscal del Gobierno central que, según informamos, será el más grande de América Latina este año. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica será el país peor portado en lo fiscal, pues el faltante rondará el 6% del PIB. Y las perspectivas para el año entrante –agregamos nosotros– tampoco son halagueñas desde el punto de vista presupuestario. En este ejercicio comparativo, del cual salimos muy mal parados, no hay una verdadera excusa en la crisis internacional, pues todos los países sufrieron igualmente sus efectos, pero ninguno se comportó tan irresponsablemente como nosotros.
Si el aumento del gasto público se reflejara en un mayor crecimiento de la producción, o en la situación de la pobreza y el desempleo, habría una cierta justificación. Pero ese no es el caso. La tasa de crecimiento del PIB ha venido cayendo, el empleo mejoró levemente por el abultado crecimiento de la planilla estatal en el 2009, y la pobreza y distribución del ingreso tampoco mejoraron, según dimos cuenta en nuestras informaciones y comentarios editoriales. Varios economistas han señalado que para el 2012 el gasto público será uno de los grandes desafíos del crecimiento real. Se sacrificará una parte de la inversión pública, y el crecimiento de la deuda presionará las tasas de interés y afectará la inversión privada.
Por otra parte, el análisis presupuestario efectuado por las diversas entidades reguladoras, particularmente los ministerios de Hacienda y Planificación, junto a la Contraloría General de la República, solo dan cuenta de las cifras macroeconómicas, pero no siempre realizan análisis puntuales sobre lo que se ha hecho, o dejado de hacer, con las sumas gastadas, ni cuáles ha sido los efectos para la economía del país y para la sociedad costarricense. No es, en definitiva, una buena forma de terminar el año e iniciar otro cuyas proyecciones perfilan resultados similares. Que sirva de reflexión a los tres poderes de la República, incluyendo el Tribunal Supremo de Elecciones y las universidades estatales, a la hora de construir sus propósitos de año nuevo.