La presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, dijo ayer en este periódico: “Hay grandes intereses para dañar a la CCSS”. Esta declaración puede ampliarse para que la verdad sea completa: Hay grandes intereses, dentro y fuera de las instituciones, para dañar al Estado y la institucionalidad.
Esta conjura, en los dos sentidos dichos, no es de ahora. Los daños están a la vista. La crisis de la CCSS se fraguó por varios años. Su más tenebroso síntoma: la asimilación del subsidio, en casos de incapacidades, al salario fue denunciado por la Procuraduría General hace cerca de 10 años y solo se actuó a derecho hace pocos meses. Esta omisión, para señalar un solo caso, fue catastrófica. Y ¿qué decir de las incapacidades repartidas a diestro y siniestro, las cuales descendieron en un 40% apenas la denuncia vio la luz del día? Si esto no fue un asalto contra la seguridad social, ¿qué es un asalto? Si esto no es la perversión total de los derechos de los asegurados, ¿cómo algunos se llenan la boca proclamándose defensores de la dignidad, de los asegurados y de la CCSS?
Pero superemos las fronteras de la CCSS y veamos el Estado y el país en su conjunto. ¿Qué condecoración imponerle a la mayoría de los profesionales –sí, la mayoría– que solo tributan 30.000 colones en renta al año y cotizan sumas míseras para la CCSS? Aquí se trata no ya de “grandes intereses para dañar al Estado”, sino de genuinos delincuentes bien arrellanados en sus oficinas, que suspiran por la seguridad social, por la democracia y los valores éticos.
La lista de las embestidas contra la seguridad social, contra el Estado y la institucionalidad es larga, como lo es la de la impunidad. Las autoridades administrativas y judiciales tienen un arduo trabajo de aquí al 2021, segundo centenario de la independencia nacional, comenzando, como esperamos, con los peces gordos, que suelen pavonearse, como si nada hubiera pasado, en conferencias y en reuniones sociales.
Se pecaría, asimismo, contra la justicia y contra el recto orden de las cosas si, entre los grandes intereses para dañar al Estado y la democracia, no se citara el actual circo legislativo. La forma como se debatió el presupuesto nacional y se ha tramitado el plan fiscal (cerca de 10.000 mociones) no honra, por cierto, a nuestra democracia. Debatir significa discutir con razones y argumentos, a fin de legislar en aras del interés público. Una carretada de mociones para entorpecer la función legislativa solo tiene un sentido: “El poder de perversos intereses para dañar el debate legislativo”. Sin decencia ni valores institucionales, nos espera un 2012 confuso y aciago.