Aseguran que le prestaron dinero al PUSC únicamente con el objetivo de que esa agrupación les comprara los servicios de su compañía, pero, casi un año después, no han recibido el pago.
Esa es la situación de los empresarios Randall Masís Jara y Mauricio Duarte Canales, de las firmas Saprissa Masís y Guanatec, quienes le facturaron ¢243 millones en productos publicitarios a la Unidad Social Cristiana (PUSC) para las elecciones de alcalde de diciembre del 2010.
Dichos cobros fueron objetados por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, dentro del análisis de la deuda política que le corresponde al PUSC por esa votación.
Masís, quien vendió calcomanías y otros materiales publicitarios, aseguró que le prestó unos ¢162 millones al partido. “No es a lo que yo me dedico; yo les financiaba lo que me compraban a mí, no a otros proveedores”, precisó.
Según dijo, acordó no cobrar intereses al considerar que, según les dijo el PUSC, la ley establecía un plazo de 15 días para que el TSE reembolsara el dinero de la campaña política.
“Un mes o dos, dentro del margen de utilidad, no era ningún problema. No puede ser que el Estado se comporte de esa manera, tomándose el tiempo que les dé la gana”, reclamó, al tiempo que afirmó que debió incluir esas facturas en su declaración de renta.
Por su parte, Duarte aseguró que puede demostrar el trabajo de arte publicitario que le suministró al Partido. “Ellos (los del PUSC) no tenían dinero; tuve que ir a buscar una plata; había que depositar, y nos quedamos sin el santo y sin la limosna”, comentó.
Gerardo Vargas, presidente del PUSC, dijo que la agrupación financió la mayoría de sus gastos con préstamos, muchos de los cuales aún deben, pues, de no ser así, no habrían sacado el 25% de los votos.
La Unidad no recibió donaciones significativas en la campaña.