El TSE le rechazó un cobro de ¢243 millones al PUSC, al encontrar que el Partido les pagó servicios publicitarios a dos empresas con dinero prestado por los propietarios de esas mismas compañías.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) le pidió el reembolso de esos gastos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como parte de la deuda política correspondiente a las votaciones del 5 de diciembre del 2010 para elegir alcaldes.
En un informe que ya fue notificado a la agrupación, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE cuestionó, a la luz del método utilizado, si realmente existieron los pagos.
En ambos casos, dijo el documento, un mismo monto de dinero se movió una y otra vez entre las cuentas del prestamista, el Partido y el proveedor hasta alcanzar el monto reclamado.
Gerardo Vargas y Emilce Fuentes, presidente y tesorera de la agrupación, dijeron ayer que los productos contratados fueron recibidos y cancelados en su totalidad.
Afirmaron que, en efecto, el PUSC les pidió préstamos a los dueños de las compañías para pagar esos servicios y que eso no es ilegal en el país. El grupo socialcristiano, que ganó 9 de las 81 alcaldías municipales, ya presentó una apelación ante los magistrados del Tribunal.
Giros bancarios. El PUSC reclamó al Estado ¢700 millones de la deuda política por los gastos que hizo en campaña, por lo que el monto rechazado en este caso es un 35%.
En la liquidación de gastos presentada por el Partido, se incluyen cinco facturas de la empresa Guanatec, que suman casi ¢81 millones, por concepto de servicios artísticos para la elaboración de anuncios.
El Departamento de Financiamiento determinó que el PUSC pagó a esa compañía con cuatro depósitos en el Banco Popular entre el 15 y el 16 de diciembre del 2010.
Estos se hicieron de la siguiente manera: el representante legal de la empresa, Mauricio Duarte Canales, le depositó ¢20 millones al Partido, y este, de inmediato, le giró el mismo dinero a Guanatec. Esa acción se repitió tres veces hasta alcanzar los ¢81 millones.
Una situación similar ocurrió con siete facturas, por ¢162 millones, emitidas por Saprissa Masís, por concepto de calcomanías, letreros y otros artículos publicitarios.
El PUSC pagó esas facturas entre el 18 y el 19 de enero del 2011 con cuatro depósitos de poco más de ¢40 millones, cada uno, con un aporte inicial del representante de la firma, Randall Masís Jara, el cual fue y vino en varias ocasiones.
Previamente, la Unidad había firmado contratos de préstamo tanto con Duarte como con Masís, los cuales no contemplaban el cobro de intereses.
Mientras los representantes del Partido y los proveedores defienden la legalidad del mecanismo, el TSE mantiene su reserva.
“Tal mecanismo pudo haber permitido que el primer depósito por ¢20 millones y su inmediata recuperación por parte del prestamista haya posibilitado los tres tractos (sic) adicionales, sin necesidad de que el prestamista hubiese tenido que desembolsar más allá de los ¢20 millones”, destacó el informe, el cual expuso la preocupación de que se incurriera en una “eventual simulación de pagos”.
Están debiendo. El presidente del PUSC negó cualquier irregularidad. Dijo que los créditos son tan reales que actualmente les deben ¢243 millones a estos proveedores.
Añadió que adeudan dinero a otros empresarios que también facilitaron préstamos para cubrir servicios, los cuales no fueron objetados por el TSE.
“Se le pagó al proveedor, no existe deuda con el proveedor, lo que existe es deuda con el prestamista; no hay nada de mal en que una persona pueda prestar dinero dentro de sus actividades y también pueda ser proveedor, vender bienes y servicios”, declaró Gerardo Vargas.
Además, le restó importancia al hecho de que los depósitos bancarios se hicieran el mismo día y en segmentos que iban y venían. “Los depósitos bancarios no tienen nada que ver con el negocio jurídico que se estaba haciendo (...) Es un dinero que legítimamente lo está obteniendo el Partido para una actividad electoral sin importar cuánto tiempo lo tuvo en su poder”.
Los proveedores también dijeron haber actuado de buena fe y lamentaron no haber recibido el pago de las deudas, el cual provendría de la liquidación.
Masís, incluso, demandó al PUSC en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago.