“Vengo a reclamar por los daños: la depresión que padecí, los cuatro meses en los que estuve en prisión, lejos de mis hijos y mi esposa. La gente creyó que yo cometí una cosa como esa y me sentí degradado. Fueron los momentos más difíciles en mi vida”.
José Marcos Zamora García, un maestro de 41 años, fue acusado por cuatro alumnas de la Escuela La Perla, en Upala, Alajuela) de haberlas sometido a abuso sexual y las madres lo denunciaron en junio del 2007.
Pero toda esa historia era falsa, tanto que el Tribunal Penal de San Carlos lo absolvió por certeza, en febrero, y comprobó que las progenitoras se habían aliado para acusarlo sin fundamento... porque no querían al educador.
Zamora presentó ayer una demanda contra el Estado en el Juzgado Contencioso Administrativo en Calle Blancos, Goicoechea (San José), basado en todo el sufrimiento que desencadenó esa denuncia penal.
El hombre fue detenido y obligado a descontar cuatro meses de prisión preventiva, de marzo a julio del 2008, por pedido de la Fiscalía, mientras investigaba el caso.
Tras cumplir la medida y salir en libertad, las autoridades judiciales le impusieron medidas cautelares, como mantenerse lejos de su casa y no regresar a la Escuela donde laboraba.
Además, el Ministerio de Educación Pública le impidió ejercer la docencia y lo reubicó en un puesto de inferior categoría, ejerciendo labores administrativas en una dirección regional con un salario inferior al que tenía.
La demanda que Zamora interpuso incluye un reclamo de ¢412 millones por los 110 días de prisión que descontó.
Además, ¢25 millones por el daño moral al que fue sometido con la reubicación en un puesto inferior; más las diferencias salariales que dejó de percibir durante los casi cuatro años que duró el proceso judicial.
“La ley indica que cualquier persona absuelta por certeza tiene derecho a que se le indemnice por error judicial por el tiempo que estuvo en prisión preventiva.
”La actuación de la Fiscalía (de mantener una acusación con testimonios falsos) se ve como una culpa grave”, alegó Yorleny Clarke, abogada de Zamora.
Contra las madres de familia de las cuatro alumnas, el mismo Tribunal ordenó abrir una causa penal por falso testimonio. Clarke señaló que también presentarán una querella contra ellas.