El plan de ley para regular la entrega de permisos de licor pretende eliminar el mercado de venta y alquiler de estas licencias, que actualmente está a la libre.
Así defendió la diputada Yolanda Acuña la gestión a favor del expediente 17.410, y dijo que harán las revisiones necesarias para evitar los excesos señalados en el plan por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
La preocupación de Acuña, compartida por el pleno de los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, reside en que el negocio de la venta y alquiler de las patentes está a la libre, pues así lo permite la ley vigente desde 1936.
Desde 1936 rige la ley de licores, la cual establece el pago de tarifas de ¢350 por trimestre para las patentes de licor en cabeceras de cantón, y de ¢75 en otros distritos.
Dicha tarifa es todo lo que se dejan los municipios, mientras que en los portales de compra y venta en línea se pueden encontrar precios de “ganga” de patentes, que van desde los $3.000 (¢1,5 millones) hasta los $20.000 (¢10 millones).
Los congresistas pretenden dejar este negocio en manos de los municipios, a fin de evitar la especulación en el mercado privado.
Para ello, proponen que los ayuntamientos no tengan límite en la entrega de permisos de venta de alcohol, modifican los horarios y disminuyen la distancia entre los bares y las escuelas y colegios.
Sin embargo, la propuesta actual produce malestar en el IAFA. Su directora general, Patricia Orozco, espera que los diputados reconsideren estos parámetros.