Por difícil que parezca creer, al Estado le tomó 33 años recobrar la mitad del Parque Nacional Juan Castro Blanco, ubicado en el norte de Alajuela y también conocido como Parque del Agua por su riqueza en nacientes.
No fue hasta el 9 de noviembre anterior que el Registro Nacional anuló la inscripción que en 1978 puso en manos de particulares 7.737 hectáreas de patrimonio forestal.
La corrección fue posible luego de que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ratificara que el dominio público o dominio del Estado sobre un terreno no prescribre ni puede ser trasladado.
Esa era la declaración que la Procuraduría General de la República, abogado del Estado, requería para solicitar que las cosas se pusieran a derecho.
Para lograrlo se necesitaron nueve años de juicio, no faltos de complicaciones.
Así lo reconocieron la procuradora general, Ana Lorena Brenes, y Georgina Chaves, procuradora experta en Derecho Público encargada de llevar el caso.
“No fue simple porque hubo todo un ropaje de aparente verdad”, expresó Brenes.
Para las funcionarias, el caso se debió haber conocido en la vía penal, pero para cuando el Estado comenzó las acciones de recuperación, cualquier eventual delito ya estaba prescrito.
Una historia de décadas. La confusa historia se remonta a 1977, cuando una ciudadana de apellidos Solera Flores solicitó ante notario público inscribir a su nombre la finca ubicada en Río Toro Amarillo de Alfaro Ruiz (hoy Zarcero), donde está el Parque Nacional Juan Castro Blanco.
Ella realizó esta acción como albacea provisional de la mortual de su padre, Juan María Solera, a quien supuestamente le habían traspasado los terrenos unos 30 años atrás. Sin embargo, ese traspaso fue de terrenos en Puntarenas y en realidad nunca se concretó.
Solera tiene en este momento 91 años y no se localizó ningún teléfono a su nombre.
La inscripción se ejecutó, pero en 1978, por algunas dudas que surgieron, el entonces director del Registro, Jaime Waisleder, ordenó inmovilizar la propiedad.
“Eso fue importante; si esto no hubiera pasado, hubiera cambiado de dueños y hubiéramos tenido que demandar a más gente”, manifestó la procuradora Georgina Chaves.
Nuevo actor. En 1982, cuando todavía el Estado estaba lejos de iniciar la batalla por las tierras, Solera trasladó la mitad de inmueble al abogado Mario Saborío Valverde.
Luego, el traspaso se revirtió y la propiedad se vendió a la empresa Desarrollos Empresariales Volcán Viejo Sociedad Anónima, cuyos socios eran Valverde y Solera.
Mario Saborío Valverde es el mismo que llegó a ser director del Registro de la Propiedad entre 1986 y 1990 y director del Registro Nacional entre 1990 y 1997.
Consultado, aseguró que recibió la propiedad en garantía por un préstamo que hizo a Solera Flores y que ella nunca pudo pagar.
“Cuando yo llegué al Registro, esta propiedad ya estaba inscrita. No hay ninguna relación en tiempo”, dijo el exfuncionario.
A su criterio, si el caso hubiera llegado a la vía penal, él sería un ofendido.
En el 2002, la Procuraduría pidió ante el Juzgado Contencioso Administrativo que se eliminara la inscripción, por considerarla “indebida e irregular”.
Los temores afloraron cuando el juez Melvin Cavero rechazó la demanda por considerarla extemporánea y hubo que apelar ante el Tribunal Contencioso, que revocó la sentencia del juez Cavero.
Saborío Valverde elevó el caso ante la Sala Primera, la cual confirmó el fallo del Tribunal y eso permitió que finalmente el Estado volviera a ser dueño del parque.