Con la voluntad de eliminar el mercado negro de patentes de licor, los diputados de la comisión de Asuntos Municipales impulsan un proyecto de ley que elimina trabas para la entrega de permisos para la venta de bebidas alcohólicas.
El plan, que se tramita bajo el expediente 17.410, está en discusión en el plenario y acorta la distancia entre las escuelas y las cantinas, lo mismo que con los colegios, centros de salud y las iglesias.
Los diputados obviaron una comunicación del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) del 8 de diciembre, en el que la entidad señala que el cambio “generará un mayor problema de salud pública, en relación al alcoholismo, si se aprueba”.
La ley vigente desde 1936 prohíbe que los bares y cantinas estén a menos de 400 metros de centros de estudio, salud y religiosos. Sin embargo, el proyecto de ley deja esta prohibición en 200 metros.
La propuesta también elimina la restricción de que se otorgue como máximo una patente por cada 300 habitantes.
A crecer. Datos de la Contraloría General de la República señalan que en el país hay 13.014 patentes. De aprobarse el proyecto de ley, esta cifra podría crecer sin restricción bajo el criterio de los ayuntamientos, pues el mismo proyecto deja en manos de los concejos municipales la decisión sobre cuántos permisos pueden otorgar.
Cada permiso de venta de licor sería emitido con un valor de uno a dos salarios base. El salario base está en ¢360.000.
La propuesta prevé que sean las municipalidades las que, de acuerdo con su plan regulador, señalen la cantidad de permisos que puedan otorgar, explicó la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jeannette Ruiz.
Sin embargo, la congresista aceptó que solo 41 de los 81 municipios del país cuenta con un plan regulador actualmente.
El diputado de Liberación Nacional (PLN) Fabio Molina defiende el texto tal cual está y afirma que quienes se oponen defienden el negocio de venta de patentes.
“Cada municipalidad reglamentará, basada en parámetros prudentes, cuándo asignar patentes. De pronto, alguna municipalidad tome la decisión de no otorgar una patente más”, dijo Molina.
El plan está en su etapa final de discusión, lo que genera la preocupación de la directora del IAFA, Patricia Orozco, quien pidió a los diputados oír criterios técnicos.
Esta propuesta la presentó en el 2009 el entonces diputado del PLN Óscar Núñez, con el propósito de eliminar el mercado de patentes de licor, pues la regla actual permite a los patentados hacer negocios millonarios con los permisos a cambio de una contribución de ¢300 por mes a los municipios
Las patentes alcanzan valores de hasta ¢10 millones según la zona, por lo que el plan busca eliminar el traspaso de permisos.
Molina considera que “la dinámica de mercado” que promovería esta ley permitirá eliminar el mercado de patentes.
A criterio del diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, a sus compañeros de curul “se les fue la mano”.
Opinión similar comparte el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Fishman.
Ambos afirman que aún hay espacio para corregir el plan.