Este 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, lo cual sirve para reflexionar sobre este fenómeno tan tangible en la cotidianidad costarricense. Según el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional, el cual indica el grado de corrupción en el sector público de cada país y refleja las percepciones de empresarios, académicos y analistas de riesgo tanto residentes como no residentes en los países analizados, Costa Rica para el año 2010 se ubicó en el puesto 41, y para este año descendió nueve lugares, ubicándose en el puesto número 50, con una puntuación de 4,8 (10 corresponde a percepción de ausencia de corrupción y 0 percepción de muy corrupto).
En primera instancia, podría resultar tentador realizar el ejercicio de comparar a Costa Rica con el resto de países centroamericanos pues nuestro país ocupa el primer lugar en percepción de ausencia de corrupción respecto de región, o bien considerar que en relación con los otros países de Latinoamérica, nuestra nación ocupa el puesto tercero en ese campo.
Sin embargo, siguiendo la tesis de Oppenheimer al hablar de educación y desarrollo, Costa Rica debe compararse con los países que realmente se encuentran a la cabeza del tema de ausencia de corrupción.
En ese sentido, es importante seguir el ejemplo de los países nórdicos, quienes han apostado por desarrollar exponencialmente los niveles de educación, estabilidad institucional, cultura reforzada en la ética y especialmente la transparencia.
En el caso de Suecia (para este año ocupó el cuarto lugar en el índice de comentario), la transparencia gubernamental permite a los ciudadanos evaluar las acciones y el desempeño del Gobierno, junto con un adecuado mecanismo de rendición de cuentas con relación a quienes se les encomienda el ejercicio del sector público; el modelo de transparencia se encuentra en la actualidad consolidado siendo que el acceso a los documentos oficiales es un derecho constitucional protegido desde 1766, por el que los ciudadanos, en un correcto ejercicio de sus libertades y para beneficio de la democracia, requieren legítimamente a los funcionarios públicos información de su interés.
La dinámica que vive nuestro país, el marco jurídico actual innegablemente permite la potenciación de esta transparencia, debe ser un ejercicio y un esfuerzo de todos, de los poderes políticos y empresariales, de los funcionarios públicos y de los ciudadanos que deben exigir de sus servidores probidad en su actuación y rendición de cuentas en todo momento.
En la misma medida que el Gobierno requiere de cada costarricense la debida ejecución de sus obligaciones, como, por ejemplo, el pago de sus tributos, el aparato estatal debe comprometerse a desarrollar los mecanismos que impulsen día con día la total transparencia de todas sus acciones institucionales, la transparencia debe ser el lema de esta sociedad.