La persecución penal en sociedades reducidas tiene sus dificultades entre las que sobresale la contiguidad, según fuera visualizada por Giovanni Falcone. Se trata del conocimiento personal, la relación de amistad, la vecindad o el pasado común, entre los sospechosos de haber cometido delitos y los funcionarios llamados a perseguirlos judicialmente.
En ocasiones el implicado puede ser padre, hermano, cónyuge o primo de un amigo; en otras el colega, el ex-compañero de estudios o alguien que hizo un favor. Estas relaciones bien podría no tenerlas el juez o fiscal del caso, pero sí quien pueda influir en ellos por distintas razones.
Es un hecho que para la buena marcha de la administración de justicia, tanto fiscales como jueces deben estar en capacidad de investigar, acusar y, si fuera el caso, condenar, a cualquier persona sin importar la contiguidad. El funcionario judicial debe tener estadisposición; de no ser así, no conviene su inclusión en la nómina judicial.
La ley señala los casos en que funcionarios del Ministerio Público y la judicatura deben excusarse de conocer de un proceso, así como las situaciones en que pueden se recusados; la jurisprudencia ha dicho que se trata de un número abierto de posibilidades, esto es, resulta aceptable separar al funcionario del conocimiento de la causa, en situaciones análogas a las previstas expresamente para la inhibitoria o la recusación.
La tendencia es ampliar los casos de separación del proceso, no a reducirlos. Esto con el propósito de evidenciar la imparcialidad y objetividad. Descontado está que la excusa va acompañada de la probidad y prudencia esenciales del juez; no separarse del proceso cuando corresponde es tan grave que motiva el despido, tal como lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Más allá de esos supuestos y de los casos de extensión jurisprudencial, fiscales y jueces deben cumplir su trabajo sin atender sentimientos derivados de la contiguidad con las partes del proceso. En muchos casos esto puede representar un costo personal, pero quien se dedica a la administración de justicia debe estar en condición de pagarlo.
Puede perderse un amigo o el saludo del vecino, podría truncarse un ascenso, una beca o cualquier promoción; y, a pesar de eso, debe aplicarse la Constitución y la ley, sin importar a quién favorezca o a quién perjudique.
En casos de delitos de cuello blanco e incluso de crimen organizado –como son las ejecuciones extrajudiciales en otros países– los sospechosos podrían ser buenos padres, buenos hijos, excelentes vecinos o respetados ciudadanos; sin embargo, esta contiguidad no debe desviar el fin del proceso penal, como es determinar objetivamente si se cometió un hecho criminal y si la persona acusada es culpable.
El funcionario no debe ceder a la presión generada por la contiguidad, que puede ir desde una amistad personal hasta las grandes campañas que presenten a los acusados como héroes, salas de juicios abarrotadas de poderosos, campos pagados, pintas en las paredes o manifestaciones colectivas. El funcionario judicial no debe fijar la atención en aspectos ajenos al proceso.
Eso representan los ojos vendados de Themis, la diosa de la justicia.