San José (Redacción). El país sigue sin contar un sistema efectivo para controlar las ayudas que brinda el Estado a personas en condición de pobreza.
A esa conclusión llegó la Contraloría General de la República tras evaluar el “avance y factores críticos de éxito” para la operación del sistema único de información de beneficiarios (SIUB).
“La intención es aumentar la efectividad y racionalidad en el uso de los recursos públicos”, dijo el ente contralor en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el informe DFOE-SOC-IF-12-2011, el país sigue sin contar con una estructura organizativa que administre y asegure un sistema de registro único de beneficiarios, las ayudas que recibe, el uso que se le da y la efectividad de dichas ayudas.
Solo en el 2010, estas ayudas significaron ¢492.909 que representa alrededor del 2,2% del PIB. Estos dineros se canalizaron por medio de 24 instituciones.
Dadas estas circunstancias, la Contraloría hace una serie de recomendaciones para que se defina el modelo del sistema de información, un centro de información y la normativa que sea necesaria para ejercer el control.