Muchos estudiantes se quedarán sin entrar a la universidad el próximo año porque Conape tendrá menos dinero para dar préstamos.
Mientras este año la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) aprobó 4.514 créditos, el siguiente solo podrá avalar unos 3.200, es decir, 23% menos.
Esa disminución es más alarmante si se compara con los financiamientos autorizados en el 2010, que fueron 8.067.
Adrián Blanco, secretario ejecutivo de Conape, explicó que el recorte se debe a un transitorio de la Ley de Banca para el Desarrollo.
Esa cláusula indica que entre el 2008 y 2014 los bancos estatales no entregarán el 5% de sus utilidades a Conape para nutrir los préstamos en condiciones muy favorables, sino que solo deben traspasar el 2%.
La consecuencia es que Conape dejó de recibir casi ¢15.000 millones en los últimos tres años, que se fueron para la banca de desarrollo.
La disminución en el financiamiento se hizo evidente ahora pues entre el 2008 y 2010 la Comisión echó mano al superávit para no cerrar la posibilidad de que los muchachos estudien, pero ese “colchón” ya se agotó.
“No atenderemos a la totalidad de la demanda, por lo que miles de costarricenses tendrán que recurrir a créditos de la banca comercial o desistir del interés de estudiar”, advirtió Blanco.
La situación es más grave si se toma en cuenta que el 69% de los estudiantes que obtienen un préstamo en Conape viven en zonas de menor desarrollo económico, y para muchos es su única opción de cursar estudios superiores.
Blanco resaltó que, por el momento, no están en riesgo los desembolsos para 16.810 universitarios que ahora cursan una carrera.
Los grandes atractivos de los préstamos de Conape es que el beneficiario empieza a pagar cuando reciba el título. También puede solicitar un período de gracia máximo de seis meses mientras consigue un empleo.
Además, la tasa de interés es más baja; ahora está en el 8% variable, mientras en los bancos es del 14%, al menos.
Este recorte ocurre en momentos en que se discute en la Asamblea Legislativa cobrar un 2% de impuesto de valor agregado (IVA) a la educación privada, que podría encarecer los costos de la matrícula y materias.
Inquietud. Leonardo Garnier, ministro de Educación, también se mostró preocupado por la disminución de los ingresos.
“El resultado de Conape es bastante bueno y hay mucha gente que estudia por ese apoyo”, expresó el titular de Educación.
Para muchas familias es muy difícil cubrir los costos de una carrera universitaria, cuyo monto mínimo ronda los ¢50.000 la matrícula y ¢65.000 cada materia, según la especialidad y el centro de estudio.
“Hay una preocupación de Conape y del Ministerio de Educación que con las reformas que se le hagan a la ley de banca de desarrollo se consolide ese transitorio”, reconoció Garnier.
Esa misma intranquilidad la tiene la Unión de Rectores de Universidades Privadas (Unire).
Albán Bonilla Sandí, director ejecutivo de Unire, denunció que hay sectores que proponen que Conape se “banquerice”.
“Eso es prácticamente asegurar el cierre, porque significa que deba hacer los encajes de ley, cobrar los intereses del mercado y no dar el periodo de gracia para pagar”, enfatizó Bonilla.
El representante de Unire indicó que el 89% de los beneficiarios de la Comisión estudian en una universidad privada.
“Conape debe recobrar su fuente de financiamiento original y mantener su naturaleza”, afirmó.
Bonilla también alertó de que el recorte presupuestario obliga a Conape a establecer topes de préstamos, lo que podría impedir que los muchachos escojan carreras de áreas vitales para el país, como por ejemplo las ingenierías.
Gestión. Adrián Blanco aseguró que, pese a la baja tasa de interés y condiciones excepcionales con que presta Conape, mantienen indicadores muy positivos.
“La morosidad en la cartera mayor a 90 días anda por el rango del 1%”, aseguró Blanco.
Ahora hay 19.200 profesionales graduados que pagan el emprésito, que en la mayoría de los casos se otorgó a 10 años plazo.
Aparte del dinero de la banca estatal, Conape recibe el 5% de utilidades de los bancos privados, pero es mucho más baja que la del sector público. La principal fuente de ingresos es el cobro de intereses por los créditos concedidos.
Por otra parte, en este momento la Comisión recibe solicitudes para el 2012, tanto en su sede central en San Pedro de Montes de Oca, como en Pérez Zeledón.