Un ministro de transportes portugués renuncia bajo el peso de la responsabilidad política derivada del derrumbe de un puente centenario. Un presidente alemán dimite por unas desafortunadas declaraciones sobre la presencia de su país en Afganistán para “proteger intereses económicos”. En muchas otras naciones, abundan los ejemplos de renuncias elegantes, a menudo presentadas porque el jerarca omitió la reiteración de su confianza. Así de sencillo, sin peticiones explícitas ni presiones sobre el funcionario cuya permanencia en el cargo se torna por cualquier motivo indeseable.
En Costa Rica, las dimisiones son materia muy distinta. “Todo menos la renuncia” parece ser el lema de nuestra burocracia y el propósito de permanencia en el cargo no cede siquiera ante la petición expresa del más alto despacho gubernamental. La presidenta Laura Chinchilla solicitó a los nueve miembros de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) dejar el cargo, pero tres de ellos ya se negaron a hacerlo. La renuncia –dicen– equivaldría a admitir la comisión de actos indebidos en el ejercicio del cargo.
La respuesta es una mala excusa. A nadie se le tiene por responsable de una irregularidad por el solo hecho de dimitir. Aún más, hay quien dimite para no verse involucrado en irregularidades. La permanencia a ultranza, luego de un llamado a renunciar proveniente de tan alta instancia, también puede ser interpretada como un deseo de encubrir actuaciones reprochables. El oportuno abandono del cargo, hecho con dignidad y acompañado de las explicaciones del caso, más bien honra.
No es, tampoco, que los directivos de Judesur puedan mostrar un desempeño institucional intachable a cuya sombra la petición de renuncia parezca un capricho o un acto de irracionalidad. Las cuentas de la institución acumulan ¢11.000 millones no invertidos en el desarrollo de los cantones beneficiarios: Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus. Reiterados informes de la Contraloría han advertido, durante la última década, sobre anomalías y falta de controles, pero en muchos casos las medidas correctivas todavía brillan por su ausencia.
El más reciente de esos informes reprocha los gastos en consultorías, compra de vehículos, actividades deportivas y proyectos sin conclusión. Según la Presidencia de la República, la institución también se excede en gastos administrativos.
En las últimas semanas, Judesur ha sido cuestionada, además, por el caso del diputado liberacionista Jorge Angulo. El Ministerio Público investiga supuestas injerencias del legislador en el manejo financiero de la Junta y su posible intromisión en la concesión de contratos de construcción. Algunos de los nueve directores a quienes se les solicita la renuncia protestaron por la supuesta injerencia del diputado, pero esa no es razón para desoír la petición presidencial.
La mandataria solicitó las renuncias con el propósito de echar a andar una reorganización basada en tres acciones fundamentales: el nombramiento de una nueva junta directiva cuyos integrantes cumplan requisitos más rigurosos, el empleo de una firma especializada para reclutar –mediante concurso– a un nuevo director ejecutivo, y la integración de un consejo asesor para fortalecer los procesos y reformar las normas de la institución.
La Presidenta también expresó su deseo de reorganizar la institución antes de celebrar, en el 2012, el concurso para adjudicar, por un nuevo periodo de diez años, las concesiones de los 38 locales del depósito libre de Golfito. El propósito es garantizar la transparencia de las adjudicaciones.
Hacerse a un lado para permitirle a la mandataria adoptar las medidas que estime pertinentes es un gesto de elegante desprendimiento y no podrá ser valorado de otra manera si el dimitente está a salvo de cuestionamientos.
Aferrarse al cargo, por el contrario, es un gesto de egoísmo capaz de levantar sospechas aun sobre quienes nada deben.