La presidenta de la Sala Constitucional, la magistrada Ana Virginia Calzada, manifestó que el regulador general tiene vía libre para resolver las solicitudes de tarifas de servicios públicos.
En una entrevista con La Nación, el miércoles, que lo impugnado ante la Sala IV es lo tocante al Comité de Regulación.
“El regulador puede seguir resolviendo. Claro, es un recargo que va a tener con respecto a como venían trabajando anteriormente –cuando estaba activo el Comité–, pero eso no quiere decir que no se pueda resolver” , señaló Calzada.
La magistrada añadió que el regulador general, Dennis Meléndez, es el máximo representante de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Esto le da la potestad para asumir esa función mientras la Sala IV resuelve en forma definitiva sobre la constitucionalidad del Comité.
Este mismo criterio lo exteriorizaron los directivos de la Aresep Emilio Arias y María Lourdes Echandi, pero no ha contado con el respaldo de Meléndez.
La fijación de tarifas en los servicios públicos está paralizada desde el 29 de setiembre, luego de que la Sala Constitucional suspendió el dictado de resoluciones finales por parte del Comité.
El recurrente, la organización Consumidores de Costa Rica, alegó que el Comité no puede decidir sobre tarifas pues fue creado por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y no por una ley.
Meléndez, quien ha mantenido el criterio de que la actual ley de la Aresep no le da potestades para fijar precios y tarifas, informó el miércoles de que está preocupado por la acumulación de solicitudes.
En el órgano regulador hay 31 solicitudes pendientes. Entre estas figuran variaciones en el precio de los combustibles, en tarifas portuarias, correos, transporte público por autobús y servicios eléctricos.
En criterio de Meléndez, esto afectará a los usuarios porque en algún momento recibirán una avalancha de incrementos de precios en un periodo muy corto.
“Me preocupa que se han acumulado muchas fijaciones tarifarias que no han podido ser resueltas al carecer de un órgano que pueda tomar la decisión final”, dijo.
Asimismo, advirtió que entra en riesgo la continuidad y calidad en algunos de los servicios públicos, pues las empresas no pueden hacer frente a sus costos operativos.
Falta. Consultada sobre cuánto falta para que la Sala resuelva en forma definitiva la acción de inconstitucionalidad, la magistrada Calzada no precisó una fecha.
Indicó que faltan informes de la Procuraduría General, la publicación de los edictos y que pase el plazo para las coadyuvancias.
La constitucionalidad del Comité de Regulación también ha sido cuestionada por abogados especializados como Rubén Hernández, contratado por la Aresep exclusivamente para que diera un criterio sobre el tema.