Daniel Soley Gutiérrez, quien en octubre del 2008 fungía como defensor adjunto de los Habitantes, presentó el recurso de amparo con el que la CCSS se vio obligada a universalizar la vacuna contra el neumococo.
Para ese mismo momento, la hermana del exdefensor adjunto, Carolina Soley Gutiérrez, realizaba, precisamente en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un estudio epidemiológico de la bacteria, el cual tuvo un financiamiento de $4 millones por parte de la farmacéutica Wyeth, firma a la que tras la masificación de la vacuna la entidad tuvo que comprarle las inmunizaciones.
El contrato entre Carolina Soley y esa compañía –del cual La Nación tiene una copia– se firmó en abril del 2006 en Pensilvania, EE. UU.
En el acuerdo ella firma como representante legal del Instituto de Atención Pediátrica, ente que se encargaría aquí de realizar el estudio denominado Monitoreo Epidemiológico Multinacional Latinoamericano para Enfermedad Neumocócica Invasiva (0889X1-900).
En el contrato, además, aparece como investigador principal el médico infectólogo Adriano Arguedas Mohs, director del Instituto y esposo de Carolina Soley.
Ayer, el exdefensor adjunto explicó que el recurso de amparo que interpuso el viernes 10 de octubre del 2008, a las 8:20 p. m., fue debido a la tardanza de la Caja en concretar la universalización de la dosis.
Sostuvo que al momento del amparo no sabía que su hermana Carolina trabajaba en un estudio relacionado con el neumococo de la firma Wyeth.
El exfuncionario de la Defensoría de los Habitantes también rechazó que haya recibido presiones para presentar la queja ante la Sala Constitucional.
La vacuna contra el neumococo –organismo causante de males como neumonía y meningitis– se universalizó el 21 de febrero del 2007 por un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).
Casualmente, ese mismo día se dio el refrendo por parte de la Contraloría General de la República para el inicio del estudio epidemiológico en centros de salud públicos.
Ayer se consultó a Carolina Soley sobre detalles del contrato y los resultados del estudio, pero solicitó las consultas vía correo electrónico y luego anunció que las respuestas las enviaría hasta hoy.
A Adriano Arguedas se le llamó a su teléfono celular pero lo tenía apagado.
Cuestionado proceso. La masificación de la vacuna no contó con el estudio de costo-efectividad que exige la legislación.
Ese hecho lo comprobó el año pasado la Contraloría, ente que emitió un informe con fuertes críticas a las decisiones y al funcionamiento de la Comisión Nacional de Vacunación.
Al momento de la universalización de la dosis, la presidenta de la CNVE era la entonces ministra de Salud María Luisa Ávila.
Antes del acuerdo de la Comisión la Caja aplicaba la vacuna a grupos de riesgo, pero al verse forzada a darla a toda la población menor de 2 años de edad y mayor de 65 –especialmente por el fallo de la Sala IV–, el gasto de la institución pasó de $102.100 entre el 2007 y el 2008, a más de $8 millones para el 2009.
Pese a que este es el tercer año desde la masificación de la vacuna, la Caja desconoce si esa medida impactó de manera positiva los casos de contagio por neumococo.
Ileana Balmaceda, jerarca de la Caja, explicó ayer que ya solicitaron ese análisis.