El Ministerio Público evalúa opciones para reclamarle al Movimiento Libertario, o a algunos de sus dirigentes, un eventual resarcimiento en favor del Estado por los ¢210 millones que ese partido le cobró al TSE por aparentes capacitaciones ficticias.
Así lo confirmó Juan Carlos Carrillo, fiscal que lleva el caso en el Ministerio Público.
Carrillo sostuvo que la acción resarcitoria podría ir en contra de la agrupación política o en contra de personas físicas.
La Fiscalía de Delitos Económicos tiene abierta una causa judicial para determinar si fueron ficticias las casi 200 charlas de capacitación política que el Movimiento Libertario le cobró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en ¢210 millones.
Se trata de cursos cuyos capacitadores niegan haberlos impartido y con alumnos que niegan haberlos recibido, los cuales fueron aceptados como un gasto dentro de la deuda política reconocida a este partido.
Por su parte, la Procuraduría General de la República ya se apersonó oficialmente como parte en el proceso judicial.
Así lo hizo dicha entidad el 11 de octubre y para ello designó como encargados a los procuradores José Enrique Castro Marín y Randall Aguirre Mena.
Ana Lorena Brenes, procuradora general, afirmó ayer que su institución entró al proceso como representante del Estado.
En su declaración ante la Fiscalía, el tesorero del Libertario, Ronaldo Alfaro, cuestionó la validez del reconocimiento por parte del TSE al alegar que los cursos fueron pagados con bonos sin contenido económico, por lo que no eran reembolsables.