Una confesión lapidaria, por boca de Carlos Solano Álvarez, secretario de Capacitación del Movimiento Libertario, descorre el velo de un vergonzoso engaño perpetrado contra la democracia costarricense. La agrupación cobró ¢210 millones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por 194 charlas de formación política que tan solo existieron en la imaginación. Para justificar el cobro, recolectaron firmas y números de cédula “a como diera lugar”, según las declaraciones de Solano ante el Ministerio Publico.
Las firmas aparecen plasmadas en hojas de asistencia con el logo de la asociación Instituto Libertad y Progreso (ILPRO) fundada, entre otros, por el excandidato presidencial Otto Guevara. Según Solano, fueron recolectadas en el tope de Palmares, centros comerciales, barrios de Puntarenas y el lobby de un hotel, por orden del tesorero del partido, el exdiputado Ronaldo Alfaro. Solano dice haber escuchado de Alfaro y del contador Róger Segura que sus actuaciones respondían a la presión de Otto Guevara, quien exigía alcanzar la meta de ¢250 millones en gastos de capacitación reembolsables.
La declaración de Solano no basta para acreditar el conocimiento de Guevara sobre el engaño con las capacitaciones. Por lo pronto, el ex candidato niega toda veracidad a la confesión. El proceso judicial, por otra parte, esclarecerá las posibles responsabilidades de Alfaro, Segura, Solano y otro funcionario del partido encargado de recolectar firmas. Ese es el estado de la cuestión en sede penal, pero en el plano político cabe ya poca duda sobre la existencia del abuso.
Las declaraciones de Solano encuentran asidero en el dicho de los supuestos capacitadores. Uno de ellos negó, con indignación, haber dictado las conferencias. Otro dice haber ofrecido charlas sin cobrar por ellas, y un tercero, además de desmentir su participación, denunció el caso ante el Ministerio Público y el TSE.
La confesión de Solano también se corrobora con las declaraciones de políticos, periodistas y empresarios que negaron haber asistido a charlas ofrecidas en Pérez Zeledón, León Cortés, Goicoechea y Desamparados, aunque sus nombres, cédulas y firmas constan en las listas de asistentes.
Por extraordinaria ironía, Esteban Oviedo, encargado de informar sobre el tema en las páginas de este diario, figura entre los asistentes al curso dictado el 9 de abril del 2008, en Desamparados. Jamás participó en semejante curso, pero recuerda haber firmado la lista de asistentes a la proclamación de la candidatura de Otto Guevara, el 12 de enero del 2010, en Pueblo Antiguo.
Asistió para informar sobre el acto político y, como requisito de ingreso, estampó su firma al lado de su nombre y número de cédula. En las listas de asistentes a las supuestas capacitaciones, Oviedo halló los nombres de otras personas que recuerda haber visto la noche del lanzamiento de la candidatura.
En aquel momento, cuando se le señalaron las incongruencias, Alfaro aceptó la comisión de “algunos errores administrativos a la hora de confeccionar las listas de capacitación” y prometió una investigación al respecto. La improbable hipótesis es la comisión de errores simultáneos en las listas de asistentes y también en la información sobre los capacitadores reclutados para dictar las charlas.
La credibilidad de Solano también se ve fortalecida por la naturaleza de su cargo en el partido. Es el secretario de Capacitación, es decir, el encargado, precisamente, del área donde ocurrieron las irregularidades. Por otra parte, su declaración ante la Fiscalía es una confesión donde admite su responsabilidad en la recolección de firmas con pleno conocimiento del carácter ficticio de los cursos cobrados al TSE. No está claro si Solano pretende un trato especial como testigo del Ministerio Público, pero es difícil creer que inventaría la irregularidad si la verdad fuera otra.
La tarea de desvirtuar la confesión de Solano no será fácil, particularmente en el terreno de la opinión pública, pero este no es el único reto que aguarda a los libertarios. Hay otras vertientes en la investigación de sus finanzas, y el caso de los cursos de capacitación no agota el inventario de problemas.
La democracia costarricense no puede darse el lujo de conformarse con menos que el completo esclarecimiento de los cuestionamientos y la correspondiente adjudicación de responsabilidades.