Alberto Trejos advierte que el cobro de impuestos a las empresas de zona franca “nos hace vulnerables frente a la competencia” y defiende las exoneraciones argumentando que estas compañías dan empleo de calidad y mejor remunerado, que están al día con la seguridad social, ofrecen más capacitación, “cumplen más de cerca las leyes laborales” y son el “componente del aparato productivo costarricense que en mayor grado permite al ciudadano sacar provecho laboral de su educación” (“¿ Por qué importan las zonas francas ?”, Opinión, 15/10/2011).
Es verdad, como señala Trejos, que el país deriva beneficios de las empresas de zona franca, pero sus argumentos son insostenibles cuando hablamos de impuestos, justicia y solidaridad tributaria. Veamos.
No pretendemos que las empresas de zonas francas paguen –a partir del 2015 – impuestos nuevos, sino que contribuyan a sostener nuestro sistema solidario y paguen en Costa Rica lo que, hoy, pagan en el resto del mundo. Los países desarrollados cobran renta mundial sobre los impuestos que no se pagaron en el país donde operan sus inversores. Si Costa Rica no cobra, equivale a regalar los tributos que tanta falta nos hacen.
Las empresas radicadas en zonas francas generan menos de 3 de cada 100 empleos en el país (2,9%) y representan el 30% de la inversión extranjera directa (IED) de los últimos 6 años, es decir, el 70% de la inversión no obedece a los beneficios que otorga ese régimen.
Factores de competitividad. La exoneración de impuestos no es un factor determinante para la IED. Los verdaderos factores que atraen el capital extranjero son, entre otros, el índice de desarrollo humano, la estabilidad sociopolítica, la estabilidad económica, la seguridad ciudadana y la calidad del recurso humano.
Si razonamos con la misma consistencia con la que Trejos defiende los beneficios fiscales para unos pocos, el país debería plantearse exonerar de impuestos toda actividad generadora de empleo, a todas las empresas que paguen salarios mayores al promedio, capaciten a sus trabajadores, cumplan la legislación laboral y que asuman sus cargas sociales. También, deberíamos exonerar a todas las compañías, nacionales o extranjeras, con grados importantes de sofisticación tecnológica. Sería un trato equitativo.
El reto es mejorar el clima de competitividad general del país para fomentar la inversión extranjera y nacional. Las cifras del FMI de setiembre pasado son reveladoras (“¿Hacia dónde va la inversión?” ): los mayores receptores de inversión en el mundo no son los países de baja fiscalidad, sino las economías avanzadas, y es así porque la inversión busca las condiciones arriba indicadas. Para generarlas y proveerlas, cualquier país necesita, irremediablemente, recursos públicos. Es imposible tener infraestructura de calidad y educación generalizada sin un Estado sanamente financiado.
Además, los impuestos municipales no son en realidad una carga tributaria, sino parte de la responsabilidad social corporativa que es la contribución activa y voluntaria de las empresas con el mejoramiento socioeconómico de la comunidad donde se desempeñan. Toda empresa requiere, por ejemplo, de calles en buen estado, alumbrado público, seguridad y áreas comunes sanas.
Trejos afirma también que la propuesta de cobrar impuestos “viene de los que por años se han opuesto al régimen”. Falso. El PAC ha apoyado siempre las políticas de atracción de inversiones y el aporte de las zonas francas –basta con ver nuestros programas de Gobierno– pero también aboga por la solidaridad y la responsabilidad fiscal; cada parte debe asumir su cuota.
Si logramos poner al país a caminar, evaluar la función pública periódicamente, transparentar las acciones de Estado y hacer más eficiente el aparato gubernamental, entonces la IED fluiría con más fuerza. Más aún, si quienes defienden los beneficios de unos pocos nos apoyaran con la misma energía, estoy seguro de que podríamos cambiar el anquilosado aparato estatal.