El Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional mantienen criterios distintos sobre la forma en la que el plan fiscal impactará los servicios financieros.
El Banco Nacional, en sus observaciones al proyecto de ley que entregó a la comisión especial legislativa, señala que gravar con un 14% de impuesto al valor agregado (IVA) los servicios financieros “obligaría a que el cliente pague un impuesto del 14% por las transacciones realizadas por el retiro de su salario en cajeros automáticos”.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda dijo que “los retiros de cajeros o depósitos y créditos en cuentas corrientes de ahorro y de plazo no están gravados, excepto si la entidad cobra una comisión”. Entonces, si por retirar ¢100.000 le cobran una comisión de ¢500, pagaría ¢70.
Otro tema polémico es el de un posible gravamen sobre los intereses de los créditos.
Según el Nacional, el proyecto los exonera, pero, por otro lado, en el segundo párrafo del artículo 12 del proyecto se establece que “en el caso de préstamos y créditos la base imponible será el valor de los intereses'”, con lo cual se estaría gravando con el IVA los intereses que paguen los deudores.
Consultados sobre este tema, los asesores del Ministerio de Hacienda, Jordi Prat y Carlos Vargas, contestaron que “los servicios de intermediación, incluyendo prestamos, no estarán sujetos a IVA”.
En el tema en el que no hay dudas es en el incremento de 8% a 15% en el impuesto sobre los intereses de los certificados que emiten los intermediarios financieros, excepto las cooperativas y las mutuales, que quedarán con un 8%.
Para el Nacional, este aumento incentiva a los inversionistas a que “busquen en el extranjero productos de inversión que no estarían afectados por estas disposiciones, con el agravante de que son recursos que saldrán del país en forma masiva, sin ningún incentivo de que regresen, tomando en cuenta la tasa tan elevada que se establece a las remesas extranjeras” (15%).
Hacienda justifica que el 90% de los ingresos que estarán gravados con el 15% (dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital) son percibidos por el 10% más rico de la población costarricense.
La propuesta del Nacional es un impuesto del 10% sobre los intereses de los títulos que emitan todas las entidades.También hay polémica en el efecto sobre los afiliados a las operadoras de pensiones.
El Nacional reconoce el problema fiscal y señala su anuencia a participar en una reforma.