Demandas penales y civiles por deudas, libramiento de cheques sin fondos, estafa, uso de documentos falsos, administración fraudulenta, apropiación indebida, lesiones culposas y desobediencia a la autoridad.
Este es parte del historial judicial del actual diputado liberacionista Jorge Alberto Angulo Mora, quien ahora trabaja en el Congreso dictando, interpretando, derogando y modificando leyes.
Actualmente, el Ministerio Público lo investiga por una denuncia de extorsión y su presunta injerencia en las decisiones de Judesur, ente que administra el dinero que genera el Depósito Libre Comercial de Golfito.
El legislador puntarenense aparece como demandado en, al menos, 48 casos entre 1974 y 2011.
Algunos archivos fueron destruidos por el Poder Judicial, al cumplirse el plazo legal de conservación, por lo que se desconoce como acabaron los reclamos.
Sin embargo, este medio logró documentar 35 expedientes en los que Angulo o sus empresas fueron demandados.
En diez casos fue condenado, en seis logró acuerdos extrajudiciales, nueve fueron declarados desiertos o abandonados por los demandantes, dos fueron rechazados por los juzgados, al menos otros dos están en trámite y en cuatro casos no se pudo saber el desenlace del reclamo.
Solo en dos expedientes se tiene certeza de que fue absuelto.
Este diario buscó al diputado Angulo para hablar sobre este tema. El martes, en una conversación telefónica, él aceptó conceder una entrevista, pero desde entonces no fue posible localizarlo.
El jueves –por medio de una periodista de la fracción del PLN– señaló que las consultas las respondería su abogado, Rafael Gairaud. Sin embargo, este último tampoco contestó a los múltiples mensajes que se le dejaron en su teléfono celular y en su oficina.
Amplio historial.En las últimas semanas, La Nación se dio a la tarea de buscar los antecedentes del congresista verdiblanco en los registros del Poder Judicial y del Archivo Judicial, en Heredia.
Su historia judicial inició en 1974, cuando tenía 20 años y fue condenado a 30 días multa por lesiones culposas en perjuicio de Lilliana Castro Padilla, debido a que irrespetó una señal de alto y chocó contra un carro en San José.
En 1979, lo volvieron a sentenciar por el mismo delito, a causa de las heridas que le provocó a dos personas cuando chocó contra el carro en que viajaban en Desamparados.
En esa ocasión, Angulo manejaba borracho –con 140 miligramos de alcohol en la sangre–, según detalló el parte que le hizo el OIJ y que está en el expediente judicial.
Por esa causa, un juez lo condenó en abril de 1980, a 60 días multa.
Él no pagó la sanción, por lo que le dictaron orden de captura, según consta en la petición de excarcelación firmada por su abogado, Horacio Mejías, el 12 de abril de 1982.
En 1988, Angulo fue declarado culpable por el delito de estafa mediante cheque en perjuicio del Banco Nacional.
La entidad bancaria lo demandó porque intentó pagarle una deuda de ¢693.751 con un cheque sin fondos del extinto Banco Anglo.
En este caso, el Tribunal Superior de Heredia lo sentenció a un año y seis meses de prisión, el 8 de marzo de 1988. Pero no fue a la cárcel pues recibió el beneficio de la ejecución condicional de la pena.
En 1997, su mamá, Margarita Mora, y dos hermanos, lo querellaron por los delitos de estafa y administración fraudulenta, al atribuirle un engaño para despojarlos del patrimonio que dejó su padre, según consta en el expediente número 97-001940-0212-PE.
En 1998, Angulo se vio involucrado en una demanda que interpuso su mamá por el delito de falsificación de documentos, por la supuesta alteración de su firma en un acta, según la cual ella desistía de otro reclamo que había interpuesto contra sus cuatro hijos.
Las denuncias de Margarita Mora llegaron a su fin en el 2001, cuando Angulo y sus hermanos acordaron pagarle una pensión vitalicia.
En el 2003, su hermano, Hernán, lo denunció por los delitos de estafa y apropiación indebida, pues Angulo logró que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) titulara a nombre de una empresa suya un terreno que le pertenecía a su padre y que no era propiedad del Estado.
Por ese caso, un juez de Corredores lo absolvió, aunque el IDA anuló en el 2007 el título de propiedad que le dio de forma errónea.