Hace casi cuarenta años, Costa Rica tenía una visión más clara, coherente e integradora sobre el valor patrimonial. En 1973 se publicó la Ley N.º 5176 durante el gobierno del presidente Oduber y el Sr. Alberto Cañas como ministro de Cultura, la cual faculta al Gobierno y a las instituciones para que, de acuerdo con sus posibilidades, asignen presupuestos anuales para promover la literatura, las artes nacionales, monumentos nacionales, adquirir piezas arqueológicas y obras de arte de autores nacionales. Además, considera que las obras de arte nacionales adquiridas son de interés histórico, artístico o cultural, forman parte del patrimonio de la institución y menciona que cuando el Gobierno y sus instituciones descentralizadas construyan edificaciones nuevas para servicios administrativos, dispondrán de un porcentaje razonable para murales, esculturas, pinturas, entre otros.
En 1982, durante el gobierno del presidente Carazo y la Sra. Marina Volio como ministra de Cultura, se publica la Ley N.º 6750, la cual completa la ley anterior: “Cuando el Estado o sus instituciones proyecten la construcción de un edificio público, para la prestación de servicios directos a la población, cuyo costo sobrepase los diez millones de colones, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la institución correspondiente, deberá señalar, antes de la aprobación definitiva de los planos y presupuestos, el porcentaje mínimo de estos que se dedicará a la adquisición o elaboración de obras de arte. La Contraloría General de la República no aprobará presupuestos de construcción de edificios públicos, sin el requisito anterior”.
Conceptos de tendencias democratizadoras y educadoras del siglo XIX y XX, cuando se da una popularización de las colecciones públicas como instrumentos al servicio del Estado y espejos de la nación. Es así como Costa Rica, por medio de instituciones públicas, ha logrado conformar grandes y representativas colecciones de arte. Estos esfuerzos evidencian una consciencia y gran interés en el patrimonio nacional, patrimonio que es la materialización de la memoria.
Los tiempos han cambiado y evidentemente los criterios también. El pasado setiembre, el Poder Ejecutivo publica el Decreto N.º 36755-H, el cual pretende la reducción del gasto público como medida para afrontar la situación fiscal del país. Varios artículos son inquietantes, pero el más desconcertante es el N.º 2, el cual solicita a todas las entidades públicas que racionalicen los recursos públicos, por lo que no podrán incurrir en gastos suntuarios (referentes al lujo) y deben minimizar gastos operativos como... obras de arte.
Esto demuestra que existe un gran desconocimiento con respecto al valor patrimonial de las colecciones de arte públicas, lo que representan para el país y los beneficios que aportan a sus ciudadanos.
Riqueza de la memoria. Una colección no es acumulación; formar una implica investigación, educación, interpretación y difusión. Una colección pública es un motor para la sociedad y punto de encuentro de diversos contextos; esta cultura material implica permanencia y memoria, revela un afán de custodiar y garantizar su conservación y posibilitar el legado para el futuro; proporciona un medio histórico-estético y crítico como soporte fundamental para el conocimiento de la obras como hechos históricos y artísticos.
Los museos y sus colecciones son testigos múltiples que rescatan la memoria de lo que en un momento sucedió (Díaz Balerdi, 2008), instrumentos de información, difusión, desarrollo y proyección sociocultural de gran repercusión en la sociedad contemporánea; que concilian su carácter dinámico con la función conservadora; compatibilizan su vocación de exponente vanguardista con la finalidad de convertirlos y transmitirlos hacia el futuro como bienes de valor permanente.
Es inaudito pensar que un Gobierno considera las obras de arte como un gasto y no como una inversión y, además, con un costo suntuario; es decir, solamente como elementos decorativos de sus despachos. Al final, tendremos un país con una memoria fragmentada y ciudadanos carentes de conciencia patrimonial.
Ojalá quienes toman estas decisiones tuvieran la visión de Virginia Pérez-Ratton cuando, en el catálogo Espíritu de una colección (2004), escribió: “(') el museo, es concebido para albergar una colección futura, una colección en progreso, es un espacio que, a la vez que asume un riesgo de lo presente, busca funcionar como lector y testigo de su tiempo”. Y evidencia una intención duradera de conservar la memoria visual de nuestros tiempos, y de mantener vigente es una de las razones de ser del MADC.