A un año de la ocupación ilegal de isla Calero, ha sido clara la fragilidad institucional y la improvisación en la prevención y atención de situaciones que comprometen la integridad del territorio, el patrimonio natural y la seguridad de la población.
A un año de la ocupación ilegal de isla Calero, ha sido clara la fragilidad institucional y la improvisación en la prevención y atención de situaciones que comprometen la integridad del territorio, el patrimonio natural y la seguridad de la población.
Este episodio es una bofetada que evidencia el adormecimiento provocado por la malentendida visión de desarme y neutralidad ante conflictos, el olvido de la defensa de la soberanía en un multilateralismo venido a menos, la ausencia de una política de seguridad de Estado y la ingenuidad ya admitida por autoridades de este Gobierno.
Sin embargo, también es un aviso de la necesidad de apuntalar nuestras capacidades para lidiar con eventuales conflictos asociados a la lucha contra la criminalidad organizada, los flujos migratorios ilegales y la disputa de espacios terrestres y marinos para el control de recursos naturales y energéticos.
Ante el cese de la Guerra Fría, el paradigma de seguridad en Occidente dio por superadas las amenazas tradicionales a la estabilidad mundial, como las disputas fronterizas, los incidentes militarizados y el uso de la fuerza como instrumento de política exterior; y se abocó a priorizar la atención en nuevos peligros como la narcoactividad, el tráfico de armas, la legitimación de capitales y el terrorismo.
La adopción de este nuevo paradigma tuvo como efecto colateral el aumento de la complejidad e intensidad de conflictos irresolutos, que hoy laceran entendimientos mínimos entre las naciones y dan paso a un ejercicio cada vez menos pudoroso de la realpolitik.
En C. R., ni las instituciones ni las preocupaciones políticas miran este nuevo escenario y, al contrario, se observa que la atención a la convergencia entre viejas y nuevas amenazas, como elementos de riesgo, resulta exigua. De hecho, la dimensión clásica de la seguridad, relativa a la protección de territorio y población ha sido reemplazada por la suscripción de agendas hemisféricas que no necesariamente atienden las necesidades del país.
Pensar en la seguridad de Estado implica hacer compatible nuestra tradición de desarme unilateral, con la creación de las capacidades de defensa y mejora de las condiciones de desarrollo humano en zonas vulnerables.
Acciones. En ese sentido, se requiere emprender acciones orientadas hacia: a) El desarrollo de una doctrina de defensa no militarizada en democracia. b) La profesionalización del servicio exterior. c) La reconceptualización del rol de los servicios de inteligencia. d) La formación especializada de la policía de fronteras, así como su debido avituallamiento. e) El desarrollo de instancias parlamentarias que controlen las políticas de seguridad que realiza el Poder Ejecutivo. f) El establecimiento de relaciones especiales entre el Gobierno central y los cantones fronterizos y costeros en la administración y control del territorio. g) La definición de roles y coordinaciones del trabajo entre la Presidencia de la República, Cancillería, Congreso, Poder Judicial, Dirección de Aduanas y Ministerio de Seguridad Pública. h) El fortalecimiento de la institucionalidad subregional de intercambio de información y articulación de mecanismos para la persecución y castigo del crimen.
El Estado tiene la obligación constitutiva de velar por la protección del territorio y su población. Por ello, precisa que se establezcan políticas integradas y sostenibles que respondan a las necesidades país y se nutran de las agendas hemisféricas patrocinadas por potencias y foros multilaterales, según el Derecho Internacional Público.
Costa Rica, como país renuente de soluciones belicistas y respetuoso de los derechos humanos, debe demostrar su capacidad de enfrentar estos retos con entereza y aplomo, sin que ello implique un distanciamiento, por demás innecesario, de los fundamentos básicos de nuestra identidad nacional.