La legislación sobre salarios mínimos es pura ficción para el 32,5% de los trabajadores costarricenses a quienes no se les retribuye lo básico según su ocupación. Más preocupante todavía es constatar la falta de pago del minimum minimorum, es decir, el salario más bajo posible entre todas las ocupaciones, al 26,3% de los trabajadores del sector privado.
Ese límite inferior de la escala salarial es de ¢863 por hora para los trabajadores agrícolas no calificados y ¢515 para las servidoras domésticas. Si el empleador ni siquiera paga esas sumas, el acceso del trabajador a la canasta básica y los servicios indispensables está en entredicho, como bien señala la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, cuyo despacho emprendió una campaña, el año pasado, para detectar y reducir el incumplimiento.
El impacto social del irrespeto al salario mínimo fue calculado hace casi dos años por el Informe delestado de la nación, cuyos expertos estiman que el cumplimiento de la ley rebajaría en más de la mitad el índice de pobreza extrema y en más de un tercio los indicadores generales de pobreza.
Afectados los índices de pobreza en proporciones tan importantes, es imposible dejar de adivinar el impacto del incumplimiento sobre la criminalidad, tan estrechamente relacionada con la marginación y la pobreza. Según el Ministerio de Trabajo, el 68,6% de los adolescentes entre 15 y 17 años no ganan el mínimo fijado por ley.
La irregularidad incide, además, sobre otro de los graves problemas de nuestros tiempos: el modelo de salud y la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Hay una obvia relación entre el incumplimiento del salario mínimo y la evasión del pago de cuotas obrero-patronales. Si el salario está fuera de la ley, no será reportado.
Pese a los graves y extendidos perjuicios del incumplimiento, algunos economistas advierten, con razón, sobre el riesgo de crear desempleo, especialmente ahora que la recuperación económica internacional está en entredicho y resurge el temor a la recesión.
El Ministerio de Trabajo no ignora el riesgo y prometió, al lanzar la campaña, una constante medición del comportamiento del mercado laboral. Amén del monitoreo trimestral, el Ministerio ofreció apoyo a los patronos dispuestos a salir de la irregularidad, incluyendo créditos y capacitación. Por último, sumó a las inspecciones un propósito educativo para no depender solamente de la coacción.
A un año del lanzamiento de la campaña, la Ministra insiste en la necesidad de educar mediante la publicidad, pero no deja de mencionar un posible endurecimiento de las sanciones. Las cámaras empresariales, a su vez, enfatizan la información y creación de cultura empresarial, en contraposición a la persecución. Según las organizaciones de la empresa privada, es necesario adoptar políticas para promover y facilitar la formalización de la economía.
Durante el primer año de la campaña a favor del salario mínimo, los inspectores del Ministerio de Trabajo visitaron 17.000 negocios, la gran mayoría catalogados como “microempresas”, pues en ese sector el incumplimiento alcanza sus cuotas más altas. Los inspectores confirmaron violaciones a la ley aproximadamente en el 40% de los casos, pero el 80% de los infractores se pusieron a derecho antes de la segunda visita.
Esa circunstancia parece abonar a la tesis del economista Pablo Sauma, quien el año pasado, en medio del debate sobre la campaña anunciada por el Ministerio de Trabajo, opinó que el salario mínimo es tan bajo que exigir su cumplimiento no afectaría el desempleo de manera significativa.
La Ministra haría bien en mantener sus esfuerzos, con la cautela anunciada en agosto del 2010, cuando lanzó la campaña. Los resultados, hasta ahora, parecen justificar la iniciativa y, si así fuera, el país tiene mucho que ganar a cambio de su justo empeño.