¿Conviene aumentar los gravámenes que actualmente pagan las empresas establecidas dentro de los regímenes de zonas francas? Para contestar, es necesario hacer un breve balance de los costos y beneficios que recibe el país por atraer esas empresas al territorio nacional y las circunstancias que las rodean.
Los costos se centran, evidentemente, alrededor de las exenciones fiscales concedidas por la legislación vigente, que ha sufrido cambios para acomodarse a las exigencias nacionales e internacionales, principalmente las establecidas en el convenio constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (ONC), del cual Costa Rica es parte. Los costos totales incluyen los impuestos exonerados, cuyo monto varía año con año, dependiendo de las utilidades y actividades productivas. Esos costos, al igual que los beneficios, han sido cuantificados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) en varias oportunidades.
En el estudio denominado “Balance de las zonas francas, beneficio neto del régimen para Costa Rica”, publicado en juliodel 2009 y reseñado en este periódico, se compararon los costos y beneficios, y se afirma que queda un saldo positivo a favor del país. Obviamente, el estudio debe actualizarse, principalmente en lo concerniente a las cifras, pero los conceptos utilizados conservan plena validez. Ahí se aclara que esas empresas y sus empleados no están completamente exentos del pago de tributos, pues sí contribuyen en montos significativos a los pagos de la seguridad social y otros, al igual que al pago de impuestos indirectos en la compra de bienes. Los empleados también están sujetos al pago de impuestos sobre la renta de conformidad con la ley.
En el 2006 se había realizado otro estudio similar. Don Manuel Zúñiga, a la sazón gerente de Procomer, indicó que por $1 exonerado, el régimen generó ingresos netos por $3, lo cual arroja un balance positivo. Entre los beneficios hay muchos por señalar. El principal es el aporte al crecimiento anual del producto interno bruto (PIB), íntimamente relacionado con el valor de las exportaciones, que representan un porcentaje muy elevado del total (alrededor del 50%). La producción exportable se ha venido diversificando en los últimos años, lo cual ha contribuido a disminuir la dependencia histórica que Costa Rica tuvo de pocos productos tradicionales y a diversificar el riesgo en la recepción de divisas. Ya no dependemos, como antes, de las vicisitudes del café, carne o banano para sostener el tipo de cambio. Y eso ha permitido fortalecer la moneda nacional.
Ligada a la expansión del PIB está la inversión extranjera directa, rubro importante desde varios puntos de vista. No solo contribuye a financiar el faltante que tradicionalmente se ha registrado en la cuenta comercial de la balanza de pagos (importaciones menos exportaciones), sino que ha contribuido a estabilizar el tipo de cambio en períodos normales y, también, de alta incertidumbre. Con la inversión extranjera directa llega, además, un cúmulo importante de alta tecnología y conocimiento (know how) cuya contribución al proceso productivo tampoco se debe despreciar.
La creación de empleo también ha sido importante. Actualmente se generan unos 60.000 puestos de trabajo directo, pero las cifras se pueden multiplicar por más de tres en la generación de empleos indirectos y de valor agregado. Los trabajos, a su vez, se caracterizan por ser de calidad, pues las empresas ahí ubicadas se han encargado de brindar una capacitación extraordinaria. Los trabajadores de zonas francas no solo están bien entrenados, sino que su remuneración promedio excede la del resto del país, según estudios bien documentados de la Promotora de Comercio Exterior y de Cinde. Y por esa vía también se aprecia su contribución al bienestar económico y social del país.
Aunque el balance resulta positivo (al menos conceptualmente) no por ello debe evadirse la pregunta de fondo: ¿Conviene aumentar los gravámenes que actualmente pesan sobre esas empresas? Otras sociedades costarricenses, no amparadas a esos regímenes especiales, también contribuyen a generar ingreso y fuentes de empleo, y deben satisfacer todos los impuestos necesarios para el sostenimiento del Estado. La lógica fiscal indica que los sectores más dinámicos deberían contribuir normalmente, como los demás contribuyentes.
Pero las empresas en zona franca poseen características especiales que las hacen diferenciarse de las demás. La competencia internacional por la atracción de inversión extranjera es muy intensa, el capital extranjero es huidizo, y, si no somos capaces de competir con otras naciones, corremos el riesgo de perder actuales o nuevas inversiones en nuestras zonas francas. Además, en este período crucial, de nueva turbulencia en la economía internacional, con riesgo de caer en una nueva recesión o ralentización del crecimiento mundial, no conviene dar una mala señal que afecte la inversión extranjera. Sus efectos en la producción y el tipo de cambio podrían ser importantes. Apenas el año pasado se reformó la ley de zonas francas para aumentar moderadamente los impuestos de sus participantes y hacerla compatible con las normas de la OMC. Sería, de nuevo, muy mala señal cambiarla ahora, después de haberles asegurado una cierta estabilidad jurídica y financiera. Bien harían los diputados y el propio Gobierno en meditar dos veces su próximo paso fiscal.