La Unión de Rectores de Universidades Privadas (Unire) mantiene su oposición a la propuesta que grava con el impuesto al valor agregado a los servicios de educación privada.
No fue posible obtener la opinión del Colegio de Médicos respecto a la imposición del tributo a los servicios de salud.
“La posición de Unire es de cero impuesto a los estudiantes. Cualquier impuesto es una traba al desarrollo y un golpe a la movilidad social. Los estudiantes universitarios privados, según encuesta de Demoscopía, provienen predominantemente de clases medias y bajas. Cualquier encarecimiento del estudio es deprimir la movilidad social, especialmente en las carreras más caras: ingenierías, salud y tecnológicas (las que el país más necesita)”, comentó Alban Bonilla, director ejecutivo de esta entidad.
Uno de los argumentos del Ministerio de Hacienda para gravar con el impuesto de ventas a la educación y a la salud es que estos son servicios que consume la población de más altos ingresos.
Otro de los argumentos es que al gravar con el impuesto de ventas a estas actividades es posible tener mayor información sobre sus ingresos y con ello combatir la evasión del impuesto sobre la renta (el cual se calcula sobre la diferencia entre gastos e ingresos de los contribuyentes).
Para Bonilla, lo relevante en la discusión “es que el Estado costarricense le ha negado a 130.000 estudiantes universitarios un pupitre en las aulas universitarias públicas, por lo que deben acudir a la educación privada, pagarla, y además seguir pagando impuestos para sostener a la educación pública: doble castigo en abierto roce con el artículo 80 de la Constitución, el cual indica que el Estado debe estimular la educación privada”.